La presidenta designada de Perú, Dina Boluarte y el exmandatario Pedro Castillo fueron incluidos en una investigación de la Fiscalía peruana por supuestos aportes ilícitos durante la campaña electoral del partido político Perú Libre en las elecciones del 2021.
El Ministerio Público indicó que la investigación está a cargo del fiscal provincial Richard Rojas quien decidió incorporar a Dina Boluarte, Pedro Castillo y al empresario Henry Shumabukuro por el presunto delito de organización criminal.
La medida se dio como parte de la ampliación que hace la Fiscalía peruana a la investigación contra el político Vladimir Cerrón y Perú Libre por lavado de activos.
El empresario Shimabukuro, había declarado a medios locales haber financiado los viajes y actividades proselitistas de Dina Boluart durante la última campaña electoral.
La presidenta designada de Perú rechazó el domingo pasado las acusaciones en su contra y reiteró que las mismas responden a una supuesta maniobra política que busca desestabilizar su administración.
“No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte”, señaló su despacho a través de Twitter en alusión a las recientes denuncias de haber recibido dinero de manera ilícita de empresarios en la campaña electoral.
Desde la Presidencia peruana comentaron que si el empresario colabora con la campaña presidencial en 2021, lo hizo a título personal y sin transar compromiso alguno.
Debido a las acusaciones de Henry Shumabukuro, la oposición en el Congreso ha anunciado una moción de destitución contra Dina Boluarte, que puede ser formalizada esta semana por el pleno del ente legislativo.
La presidenta designada Dina Boluarte, debió responder el lunes a la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, por otro caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de su exasesora Grika Asayag.
A inicios de marzo, la Fiscalía peruana anunció el comienzo de las investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias contra Asayag por el supuesto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, y el presidente del sistema de seguridad social EsSalud, Aurelio Orellana.