Activistas de DDHH demostrarán con un informe a la CIDH que existen logias cruceñas que pretenden polarizar al país

La institución Pro Derechos Humanos de Bolivia solicitará una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitará el país entre el 27 y 31 de marzo, para entregar un informe sobre las violaciones de derechos humanos que se registraron durante el paro cívico cruceño de 36 días en el 2022.

“Presentaremos el informe a la CIDH para que ellos conozcan que hay intereses muy marcados de ciertos sectores de Santa Cruz, que a la cabeza del gobernador Luis Fernando Camacho y del Comité Cívico pro Santa Cruz quieren crear una polarización en Bolivia y que no exista un ambiente democrático de las decisiones políticas”, indicó la representante de Pro Derechos Humanos, Nadesdha Guevara.

En entrevista con ABI, la jurista afirmó que con este informe se demostrará que estos grupos cruceños solo buscan la toma de decisiones mediante “la fuerza, la violencia y la presión de grupos paraestatales que operan en Santa Cruz”.

Guevara señaló que el informe sobre las graves vulneraciones en el paro de 36 días en Santa Cruz, muestra casos concretos, entre ellos, está la agresión al pueblo ayoreo en Concepción.

Este caso se registró a fines de octubre de 2022, cuando el subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, y cívicos de Concepción arremetieron violentamente contra los pobladores indígenas que bloqueaban la carretera cercana en rechazo al paro cívico impulsado por el Comité Cívico.

Velásquez y otros fueron denunciados como autores e instigadores de los delitos de racismo, discriminación, difusión e incitación al racismo o a la discriminación previstos en la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación.

“El subgobernador hizo un atentado físico y psicológico, cuando con palos y látigos arremetieron contra mujeres indígenas que estaban ejerciendo protesta”, recordó la abogada, quien afirmó que este hecho no debe quedar en la impunidad porque se actuó con racismo, discriminación y odio.

Recordó que en búsqueda de justicia para las mujeres ayoreas se acudió hasta la Relatoría de Protección a los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), establecida en Ginebra, Suiza.

Este informe, que además detalla denuncias sobre una “masiva violación a los derechos humanos” en el departamento cruceño, ahora también será entregada y expuesta ante los cinco comisionados de la CIDH que arribarán al país.

“En las rotondas, grupos delincuenciales bajo efectos de sustancias controladas agredían a la población, con un discurso del odio, bastaba ser parte del occidente para ser agredido (…) De las 27 denuncias que hemos presentado, 18 son de agresiones físicas solamente por pertenecer a Potosí, Oruro y La Paz, pedían carnet para identificar a qué departamento pertenecía para restringir derechos”, recordó la jurista.

Guevara espera que los comisionados tengan una audiencia con esta institución Pro Derechos Humanos para conocer a detalle sobre las vulneraciones a derecho a la salud, libre circulación, educación, derechos de los pueblos indígenas, acceso a la justicia, entre otros en los que incurrieron grupos afines a Camacho y al Comité Cívico cruceño.

ABI