“La masacre de Huayllani no fue un hecho fortuito, improvisado o producto de un enfrentamiento, fue un acto criminal una verdadera masacre planificada para matar, amedrentar, meter miedo a los cocaleros, asustar a los dirigentes, callarlos y terminar, aniquilar este movimiento de respaldo al presidente Morales” aseguró Nelson Cox, ex Defensor del Pueblo, en una entrevista del programa Voces Libres de la radio Kawsachun Coca.
La defensa vehemente de los derechos humanos caracterizó a Nelson Cox cuando se produjo el golpe de Estado, la masacre de Huayllani el 2019 y durante el régimen de facto de Jeannine Áñez el 2020.
“Me da pena recordar el noviembre del 2019 porque grupos de la derecha se aliaron con la policía, los militares y otros sectores para desestabilizar al gobierno, pedir la renuncia del presidente Evo Morales y dar un golpe de Estado” indicó Nelson Cox en la entrevista del programa Voces Libres.
El ex defensor del pueblo Nelson Cox, señaló que todas las movilizaciones del MAS y de pobladores como de la zona sur que salieron a defender la democracia eran mal vistas y se ordenó reprimir a los movilizados.
Incluso se emitió un Decreto de Gobierno que dió inmunidad a los militares para reprimir a la población, ya que esa acción significaba bajas humanas.
Cuando la policía salió a reprimir las movilizaciones del MAS y de otros sectores de la población el Comandante Departamental de la Policía Jaime Edwin Zurita Trujillo decía, “ya se acabaron los 13 años del gobierno del MAS, ustedes no van a entrar a Cochabamba a movilizarse, este es otro gobierno y deben acatar las órdenes, vayan a movilizarse donde sea, no en Cochabamba”.
La policía dio permiso a los cocaleros del trópico a movilizarse solo en Sacaba y que no podían bajar a Cochabamba, y amenazó a los cocaleros que si decidían venir marchando hasta Cochabamba iban a ser “aniquilados”.
“SI ustedes no cumplen su palabra de quedarse en Sacaba lo vamos a cazar” había expresado el Comandante Departamental de la Policía sin ningún reparo, como si los manifestantes fuera animales o patos para ser cazados y aniquilados.
Cuando llegaron los vehículos del trópico transportando a los manifestantes la policía requisó todos los motorizados uno por uno, secuestraron petardos, mochilas y otros objetos.
El viernes 15 de noviembre, los cocaleros salieron en marcha desde Sacaba con la intensión de llegar a Cochabamba, entonces la policía les cierra el paso en Huayllani impidiéndoles su derecho a movilizarse por un hecho ilegal que se había cometido como es el golpe de Estado.
La policía y el ejército, una fuerza combinada para la represión estaba armada hasta los dientes, por órdenes del comandante Zurita se gasifica a los cocaleros en Huayllani de manera desproporcionada, “cumplieron su advertencia porque a punta de gases corretearon a los cocaleros como a animales comenzaron a cazarlos y a aniquilarlos”. Y aparecen muertos heridos, detenidos.
Inmediatamente con el fin de generar miedo en la población citadina de Cochabamba, se hizo correr la información por redes sociales y medios de comunicación de la derecha, señalando que los cocaleros estaban armados y eran gente peligrosa que quería tomar Cochabamba y así justificar el uso de la violencia, aseguró Cox.
Los policías y militares no dejaban pasar las ambulancias que trataban de trasladar a los heridos a los hospitales, la policía obstaculizó su auxilio, violando un derecho humano, tampoco permitía el ingreso del defensor del pueblo y de la fiscalía al lugar para verificar los luctuosos acontecimientos que se estaba produciendo.
“No se permitió el levantamiento de los cuerpos, conversar con testigos y familiares de las víctimas, hubo 13 muertos y 123 heridos del lado de los cocaleros, ni un solo policía o militar herido. Es decir, no hubo enfrentamiento lo que paso es que se produjo una masacre” aseguró Cox.
En su rol defensoría comenzó a denunciar todos estos atropellos y el propio Zurita lo llamó para amenazarlo de muerte, “te vas a tener a las consecuencias, con palabra soeces me tildo de masista” dijo.
En una reunión con las autoridades que se gestionó para que se detenga la violencia y el uso de la fuerza y que se desarrolló en el Arzobispado, el Comandante riéndose en su cara le dijo que los policías podían gasificar y matar si es necesario advirtiéndole que venían cosas peores.
La masacre de Huayllani no fue un hecho fortuito, improvisado o producto de un enfrentamiento, fue un acto criminal una verdadera masacre planificada para matar, amedrentar, meter miedo a los cocaleros, asustar a los dirigentes, callarlos y terminar con este movimiento de respaldo al presidente Morales, insistió Cox.
SIN INVESTIGACION
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tiene conocimiento de todo los abusos y atropellos a los derechos humanos.
Desde noviembre se denunciaron las masacres y otros hechos ilegales y hasta ahora no he sido llamado a declarar ante la CIDH y las investigaciones se realizan a medida de las exautoridades.
Las masacres no se esclarecen hasta hora, lo que pasó en Huayllani fue un acto premeditado, planificado por el golpismo, por autoridades policiales, todo estaba montado, y como sabían que iba a ver muertos se apuraron en declarar ante los medios de comunicación con el argumento de que los cocaleros se dispararon entre ellos.
“Cuando acudí al lugar a hacer el trabajo defensoríal, a pedir garantías, el ex comandante de la policía me amenazó, el ex procurador general casi me golpea cuando acudí a pedir que se respeten los derechos y que se deponga la violencia.
Ante las amenazas pedí protección para mí persona y mi familia y se me negó.
Nelson Cox pide que los hechos cometidos en el período del golpe de Estado y el año de gobierno de régimen de Jeanine Áñez, entre ellos policías, fiscal general, ex militares, y exministros que acompañaron su gobierno ilegal.
“Hay que esclarecer los hechos ilegales, debe hacerse una agenda de hechos para ser investigados, identificar a los autores y sancionados” indicó Cox en el programa Voces Libres de la radio Kawsachun Coca.