¿Es posible que el sector privado pueda importar combustibles para comercializarlo en el mercado externo? ¿Es constitucional? ¿Es viable económica y logísticamente?

Por: Horacio Villegas 

El ministro de hidrocarburos, Mauricio Medinacelli y el Presidente de YPFB, Yussef Akly, nos han hecho saber que el objetivo central a corto plazo, es decir, en el lapso no mayor de 3 meses, es que el sector privado abastezca el mercado interno de gasolina y diésel. Con el argumento de que el privado tiene la espalda financiera para realizar la importación, se estaría liberando el mercado para que el Estado deje de gastar en la subvención.

El argumento, ante la crisis gigantesca dejada por la corrupción de Arce en YPFB, parece a simple vista la única viable. Sin embargo, no parece tan simple como parece si nos enfocamos en una primera instancia en los argumentos legales, para posteriormente pasar a los económicos y logísticos de dicha medida. Me explico. 

La Constitución Política del Estado, aprobada el año 2009 es clara en decirnos en sus artículos 359 y 361, que el Estado a través de YPFB, tiene el monopolio exclusivo, no solo de la propiedad, sino también de toda la cadena productiva hidrocarburifera y su comercialización, donde se prohíbe expresamente los contratos o acuerdos que vulneren dicha disposición, estableciendo una sanción drástica de “traición a la patria” a quien vulnere dicho principio.

En los artículos 362 y 363, la CPE abre la puerta para que YPFB pueda suscribir contratos con el sector privado bajo el régimen de prestación de servicios o conformar asociaciones o sociedades de economía mixta con el sector privado, lo cual implica una participación estructural por parte de la estatal nacional, donde no existiría una delegación unilateral al importador privado ni perdida de rectoría estatal. 

Si bien el gobierno de Arce, nos vendió la farsa mediante los DS 5218 y 5271, de autorizar de manera “excepcional” la importación de diésel y gasolina al sector privado, los resultados fueron pobrísimos, solo se conoce el caso de una empresa en Santa Cruz que se encuentra vendiendo dichos carburantes a precio internacional, a un precio promedio de 13.5 bs el litro de gasolina y diésel.  En caso de que el gobierno de Paz decida que el sector privado se haga responsable plenamente de la comercialización en el mercado interno se abriría un conflicto legal serio de su constitucionalidad, creando incertidumbre jurídica al sector privado para realizar las inversiones necesarias. Vaya dilema legal que deberá enfrentar Paz en su afán de privatizar el abastecimiento de carburantes. 

A ello debemos añadir el factor económico financiero que deben incurrir las empresas privadas en esta nueva supuesta etapa de abastecimiento del mercado interno. Paz-Medinacelli-Akly nos repiten ciegamente que el Estado ya no puede hacerse cargo de la importación de combustibles debido a la falta de divisas. Tomando en cuenta que el costo de la importación se desbordó en el gobierno de Arce debido al cambio en los reglamentos de contrataciones y negociados afines -llámese Botrading- que encareció un 300% los costos de los carburantes importados, trayendo consigo un gasto de 12.5 mil millones de dólares los últimos cinco años, un promedio de 2.5 mil millones por año, efectivamente el Estado se quedó sin dólares (1).

Si el entusiasmo de los nuevos gobernantes con respecto al sector privado se efectiviza, dicho sector necesitará un promedio anualmente entre 1.5 a 2 mil millones de dólares para abastecer de carburantes al mercado interno. Por la venta de dichos carburantes el privado recibirá bolivianos, los cuales necesitará cambiar por dólares para comenzar el segundo ciclo de importación y es ahí donde reside la médula del problema. ¿De dónde conseguirá esos dólares el privado? 

Lo que nos ha enseñado la historia reciente es que el privado siempre recurre al Banco Central para cambiar la moneda nacional a dólares, creando nuevamente una presión a las reservas internacionales que se ven menguadas a su mínima expresión y por más que los organismos internacionales presten dólares al Estado boliviano, estos recursos no pueden ir a financiar la importación de combustibles de los privados, como sucede en la Argentina de Milei por ejemplo. 

Lo más sensato y viable es que el importador privado consiga sus dólares de los sectores exportadores como el agronegocio y minería, o pueda financiarse con crédito externo. Habrá que ver qué malabares realiza el gobierno empresarial de Paz para solucionar este dilema financiero. 

Por último y no menos importante tenemos el tema logístico. La red de poliductos y centros de almacenaje que tiene YPFB, que son los que permiten tener una previsibilidad y garantía en el abastecimiento interno de carburantes, ¿serán vendidos o alquilados al sector privado? En este punto probablemente comience la privatización de YPFB con la venta de sus activos, seguramente irán después con nuestras refinerías, como aconteció en los años noventa.

En conclusión, lo que a primera vista parece la solución más práctica, no lo es. El gobierno en su afán de querer deslindarse de esta responsabilidad traerá varias consecuencias: el BCB seguirá financiando los dólares necesarios para su importación, se creará un grupo empresarial millonario cuyos intereses serán contradictorios con la gran mayoría de la población nacional, que tendrá que vivir en un espiral inflacionario sin control. Esta narrativa de crear una comisión de la verdad sobre los hidrocarburos tiene una única finalidad: privatizar YPFB, la empresa más grande de Bolivia, que le pertenece a todos los bolivianos. Bienvenidos -otra vez- a la era neoliberal. 

PD: para todos esos indoctos y bots que apoyan la privatización como la única solución, en el próximo artículo mostraremos soluciones reales que no solo garanticen el abastecimiento, sino también fortalezcan a YPFB. 

1. Sin embargo, si existiese nuevamente una planificación de parte de YPFB con reglamentos de contratación rigurosos y precios referenciales, los 2.5 mil millones pueden reducirse entre un 30 a 40% haciendo un total de 1.6 mil millones de dólares que el Estado efectivamente necesitaría para el abastecimiento anual sin inconvenientes