En Bolivia, la legión derechista de Santa Cruz amenaza con un proceso revocatorio al presidente Luis Arce, pedido al que tachó de fascista y golpista.
La derecha golpista de Santa Cruz amenazaron el miércoles con impulsar la revocación del mandato del presidente elegido democráticamente, si rehúsa a poner en libertad al opositor y exgobernador Luis Fernando Camacho en los próximos 30 días.
Miles de opositores, según informó la prensa local, reunidos en un cabildo en una plaza de la ciudad de Santa Cruz, la más poblada de Bolivia y principal bastión de la derecha, juraron responder el arresto de su gobernador, acusado principal en el caso golpe de Estado I.
Los presentes, liderados por el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, pidieron una ley de amnistía para los considerados por ellos, presos políticos, entre ellos el exgobernador cruceño y la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, ambos acusados de terrorismo, sedición y conspiración por el golpe 2019.
¿Cómo responde el Gobierno de Arce?
Desde el Ejecutivo, aparte de descartar dar curso a esta exigencia, aseveran que la medida devela que la derecha busca impunidad con los responsables del golpe de Estado de 2019 y los crímenes cometidos por el interinato golpista y sus cómplices, además de acortar el mandato de Arce.
“Ante tal situación de amenaza de la oligarquía y la derecha, los movimientos sociales y los sindicalistas, entre ellos los fabriles, califican de fascistas las resoluciones del cabildo cruceño. Piden respeto al Gobierno de Arce y dicen no compartir el pedido de revocatorio”, reaccionó Jorge Richter, vocero presidencial de Bolivia.
El Ejecutivo de Arce acusa a los derechistas de ser profundamente antidemocráticos y de no respetar los mandatos populares.
Camacho fue aprehendido el 28 de diciembre en Santa Cruz en medio del rechazo de sus simpatizantes y luego trasladado a La Paz, la capital, por el delito de “terrorismo” en el marco de su implicación en el golpe de Estado. El dirigente opositor cumple desde el 30 de diciembre la detención preventiva por cuatro meses dictada por la Fiscalía. Anteriormente, la defensa de Camacho había denunciado que su cliente era blanco de una “persecución política”.
Vía HispanTV