El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está obligado por Constitución a asistir a la petición de informe oral emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional; de no hacerlo, se hace pasible a una demanda penal por incumplimiento de deberes.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui señaló que la Constitución Política del Estado establece las competencias de la Asamblea Legislativa, entre las cuales está fiscalizar y pedir informes a cualquier autoridad boliviana.
Además agregó que el artículo 108 señala la obligatoriedad de cualquier ciudadano a cumplir la Constitución, por lo que Camacho no tiene argumento para no asistir a la petición de informe oral.
La diputada del MAS Estefanía Morales tramitó una petición de informe para Camacho, por la promulgación del Decreto 373, que delegaba el manejo de la Gobernación a uno de sus secretarios de confianza y no al Vicegobernador, que según el Estatuto Autonómico cruceño debe asumir el mando del departamento en ausencia del Gobernador.
La convocatoria está fijada para el 7 de abril, ante la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.
“Es una convocatoria formal, y si Camacho no cumple, estaría incumpliendo sus responsabilidades y eso faculta a la diputada peticionante (en este caso Estefanía Morales) a denunciarlo por la vía penal por el delito de incumplimiento de deberes”, indicó Jáuregui.
El oficialista mencionó que el Gobernador cruceño puede excusarse argumentando que tiene otra ocupación o impedimento temporal, “pero en algún momento tiene que atender esta convocatoria”.
Por su parte, el asambleísta departamental por Santa Cruz Clemente Ramos conminó a Camacho a asistir, si está seguro de no haber cometido delitos. A la vez recordó que desde el legislativo regional le iniciaron un proceso penal y esperan que la Fiscalía fije fecha.
Petición de informe oral por el decreto 373
El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho deberá responder ocho preguntas ante la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.
Camacho fue denunciado ante la Fiscalía por no delegar funciones al vicegobernador Mario Aguilera, y entregar esa responsabilidad a Miguel Ángel Navarro, secretario de Gestión Institucional.
Las preguntas están vinculadas a fundamentos técnicos y jurídicos para aprobar el Decreto 373.
Vía: Ahora el PUEBLO