Senadora Silvia Salame denuncia “usurpación de funciones” de magistrados prorrogados y exige restablecer la institucionalidad judicial

La Paz, 09 de octubre de 2025 .- Senadora Silvia Salame denuncia “usurpación de funciones” de magistrados prorrogados y exige restablecer la institucionalidad judicial.

#NoticiasSenado | La senadora Silvia Salame cuestionó con firmeza la continuidad de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que extendieron su mandato más allá del periodo legal establecido, calificando esta situación como un “atentado contra el orden democrático y el Estado de derecho”.

Según la legisladora, estos funcionarios ya no gozan de legitimidad institucional y deben ser procesados penalmente por usurpación de funciones y por emitir resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE).

“La Asamblea no tiene competencia para conocer, porque estos son vulgares delincuentes, no son magistrados”, afirmó Salame, señalando que no corresponde iniciar juicios de responsabilidades contra quienes —a su juicio— ya no ostentan legalmente el cargo.

La parlamentaria reiteró que la defensa del Estado de derecho exige restablecer el respeto a los plazos constitucionales, la legalidad y la independencia de poderes.

El pronunciamiento de la senadora se enmarca en la actual crisis judicial que atraviesa Bolivia, originada en 2024, cuando el TCP decidió prorrogar su propio mandato y el de otros tribunales ante la demora en las elecciones judiciales.
Esa decisión —cuestionada por juristas, políticos y sectores sociales— generó una fractura institucional y abrió un intenso debate sobre la legalidad y legitimidad de los magistrados prorrogados.

En los últimos días, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó una denuncia penal contra cinco magistrados del TCP —entre ellos Gonzalo Hurtado, Yván Espada y Karem Gallardo— acusándolos de usurpar funciones y de emitir resoluciones inconstitucionales que vulneran el orden legal.
El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, declaró que “los magistrados denunciados deben renunciar de inmediato o serán expulsados por violar la Constitución y las leyes”.

Los magistrados denunciados del TCP respondieron a las acusaciones afirmando que las acciones en su contra buscan “generar incertidumbre electoral” antes de la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre.
Argumentaron que las denuncias representan una maniobra política para “descabezar” al Tribunal Constitucional en un momento clave del proceso electoral.

El conflicto por la prórroga de los magistrados ocurre en medio de un contexto político y electoral delicado.
Diversos analistas advierten que esta pugna entre el Legislativo, el TCP y el TSJ puede afectar la estabilidad institucional y la credibilidad del sistema de justicia boliviano.

Desde el Senado, la senadora Silvia Salame reafirmó su compromiso con la defensa de la legalidad y subrayó que “ninguna autoridad está por encima de la Constitución”.