Senado concluye investigación sobre el “Zuñigazo” y pide procesar a exministro Del Castillo y otras autoridades

La Paz 30 de octubre de 2025 .- La Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia cerró los últimos días de la legislatura 2020-2025 con decisiones que prometen impactar el panorama político nacional. En su sesión ordinaria N° 212, iniciada el martes 28 de octubre y extendida hasta ayer, el pleno aprobó el Informe Final N° 118/2024-2025 de la Comisión Especial que investigó el presunto intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024, conocido como el “Zuñigazo”.

El documento, de 112 páginas, incluye conclusiones y recomendaciones dirigidas principalmente al Fiscal General del Estado, a quien el Senado solicita abrir investigaciones formales contra diversas autoridades y exautoridades del Gobierno de Luis Arce Catacora, entre ellas el exministro de Gobierno Carlos Eduardo del Castillo del Carpio.

La comisión fue creada mediante la Resolución Camaral 042/2024, del 4 de julio de 2024, y estuvo integrada por nueve senadores. Su trabajo incluyó entrevistas, revisión de informes, documentos y material audiovisual. El senador William Torrez, del ala “androniquista” del MAS, presentó el informe ante el pleno y destacó las dificultades enfrentadas por la comisión, señalando que el Ejecutivo negó los recursos presupuestados para contratar a 14 investigadores.

“Hay elementos que demuestran manipulación política. Se usaron recursos del Estado para fabricar una narrativa”, afirmó Torrez.

El informe recomienda la emisión de varias Resoluciones Camarales para solicitar a la Fiscalía General investigaciones contra Eduardo del Castillo, Jhonny Aguilera (viceministro de Régimen Interior), Roberto Ríos Sanjinés (exministro de Seguridad Ciudadana y actual ministro de Gobierno), por la presentación pública de detenidos ante medios sin autorización judicial, y por la producción del documental ¿Qué pasó el 26 de junio en Bolivia?, que habría utilizado fondos públicos para reforzar una narrativa política.

Asimismo, el documento sugiere investigar a funcionarios del Ministerio de Gobierno y del Régimen Penitenciario por obstaculizar las labores de la comisión legislativa; a miembros del Tribunal Superior de Personal de las Fuerzas Armadas, por presuntas bajas irregulares contra militares implicados en el caso; y a fiscales que investigaron el denominado “Zuñigazo”, por entorpecer la fiscalización parlamentaria.

Tras la lectura del informe, el pleno de la Cámara Alta aprobó el documento. El senador Félix Ajpi, también del bloque “androniquista” del MAS, sostuvo que las investigaciones no hallaron pruebas concluyentes de un golpe o autogolpe.

“Ninguno de los entrevistados sostiene que hubo un golpe planificado. Todo apunta a una acción aislada de Zúñiga”, señaló.

“Las investigaciones muestran que hubo personas que impidieron entrevistar a Zúñiga. Todos los testimonios apuntan a él: que trajo a La Paz a militares y vehículos blindados, pero no para combate. Las armas usadas eran de instrucción. Eso demuestra que no hubo golpe ni autogolpe, aunque el Gobierno aprovechó el hecho para mejorar su imagen”, añadió.

Por su parte, la senadora Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana (CC), advirtió que el episodio generó “un daño enorme a la imagen internacional del país” y lamentó que las condiciones políticas impidieran esclarecer plenamente los hechos.

“Sea golpe, autogolpe o una payasada, el daño fue enorme y de eso no se vuelve. Necesitamos conocer la verdad, pero en este contexto eso no fue posible, porque los directamente involucrados estaban en el poder”, afirmó la legisladora.