Presidente del Tribunal Supremo de Justicia denuncia a magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional por usurpación de funciones

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), acusándolos de la presunta comisión de los delitos de Usurpación de Funciones y Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, tipificados en los artículos 163 y 153 del Código Penal, respectivamente.

La denuncia sostiene que los magistrados denunciados —Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo e Isidora Jiménez Castro— vulneraron la Constitución Política del Estado al prorrogarse de manera unilateral e indebida en sus cargos, a través del Auto Constitucional 049/2023 de 11 de diciembre, extendiendo su mandato más allá del periodo establecido por la Carta Magna, que concluía el 31 de diciembre de 2023.

Según el documento presentado, esta decisión constituye una usurpación de funciones jurisdiccionales, al continuar ejerciendo atribuciones que ya no les competen, y una emisión de resoluciones contrarias a la Constitución, lo que podría derivar en sanciones de cuatro a diez años de privación de libertad e inhabilitación.

“El Tribunal Supremo de Justicia considera que esta permanencia irregular de los magistrados prorrogados del TCP pone en riesgo la institucionalidad del país y vulnera el principio de alternancia y renovación del Órgano Judicial, pilares esenciales del Estado de Derecho”, señala el texto de la denuncia.

El documento fue presentado ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca el 3 de octubre de 2025, por el presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, quien solicitó además que se activen medidas precautorias y alerta migratoria contra los denunciados, con el fin de garantizar el proceso penal y la defensa de la legalidad constitucional.

Con esta acción, el Tribunal Supremo de Justicia busca restablecer el respeto al mandato constitucional, la independencia de los órganos del Estado y el principio democrático de renovación de autoridades judiciales conforme a la voluntad popular expresada en las urnas.