La verdad detrás de los avasallamientos: tierras en disputa, no propiedad privada

La Paz, octubre de 2025 — En el debate público sobre los avasallamientos de tierras, tanto los medios de comunicación como las redes sociales han instalado un relato simplificado que enfrenta a supuestos “buenos” y “malos”. Sin embargo, esta visión binaria oculta la complejidad de un conflicto marcado por la indefinición legal, el vacío institucional y el tráfico de tierras.

Exceptuando algunos casos puntuales, la mayoría de las tierras “avasalladas” no cuentan con un propietario legal consolidado. Se trata, en realidad, de predios en litigio, en proceso judicial o, en términos técnicos, en proceso de saneamiento. En otras palabras, no son propiedad privada ni tierra fiscal formalmente definida.

Una narrativa útil para intereses particulares

De un lado, los denunciantes —empresarios agrícolas o ganaderos— afirman ser víctimas de avasallamiento y aseguran que la tierra les pertenece, aunque carecen de un título agrario válido que lo respalde. Basándose únicamente en la posesión física del predio, se presentan como víctimas de la inseguridad jurídica y repiten un discurso conocido, sin sustento legal consolidado.

Del otro lado, los grupos que ocupan tierras —denominados “avasalladores”— argumentan que se trata de tierras fiscales ociosas, por tanto, sujetas a distribución estatal. En ese entendido, consideran legítimo establecerse como comunidades campesinas, incluso cuando la legalidad del terreno está en disputa.

El caso Patujú: tierra en disputa

El reciente conflicto por el predio Patujú en Montero ilustra con claridad este escenario:

No se trata de propiedad privada con título agrario consolidado.

Tampoco es tierra fiscal legalmente habilitada para su redistribución.

Estamos ante un caso de tierra en litigio, atrapada en el limbo generado por la inacción del Estado en materia de saneamiento agrario y la falta de aplicación efectiva de la normativa agroambiental. En este contexto, no hay “avasallados” ni “avasalladores” en sentido jurídico estricto, sino grupos enfrentados dentro de un sistema permeado por corrupción y tráfico de tierras.

Uso político del conflicto

Figuras políticas como Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga y Rodrigo Paz han utilizado este tipo de conflictos para posicionarse mediáticamente, amplificando exclusivamente la versión de los sectores empresariales del agro. Al hacerlo, no solo revelan intereses particulares, sino también un profundo desconocimiento de la realidad agraria del país.

En vez de prometer “seguridad jurídica” o defender la “propiedad privada” como consigna electoral, los candidatos deberían comprometerse a impulsar una justicia agraria técnica, transparente e independiente, capaz de resolver los conflictos sobre la tierra sin caer en favoritismos políticos ni alimentar nuevas formas de acumulación o clientelismo.

Fuente: Fundación TIERRA