Justicia concede detención domiciliaria a exgerente de EMAPA Franklin Flores pese a graves denuncias de corrupción

La Paz , 02 octubre 2015 - El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Franklin Flores, junto con su exfiscal de obras, Daniela Arancibia Domínguez, fueron beneficiados con medidas sustitutivas luego de una extensa audiencia judicial, que concluyó con la imposición de detención domiciliaria y una fianza de Bs 50.000 para cada uno. Esta resolución, adoptada a las 00:24 luego de más de nueve horas de deliberación por parte del juez 11º de Instrucción en lo Penal, Hugo Huacani, ha provocado una fuerte protesta tanto en la Fiscalía como en el Ministerio de Justicia.

Durante la audiencia, la fiscalía expuso un detallado alegato basado en la investigación realizada por el Ministerio de Justicia, donde se denunciaron múltiples irregularidades que comprometen a Flores. Entre las acusaciones se encuentran la autorización de contratos multimillonarios para la siembra directa de maíz en Guarayos y San Borja que no generaron resultados ni cosechas, con pagos realizados por trabajos nunca cumplidos.

Asimismo, se señaló la inversión de 75 millones de bolivianos en la planta piscícola del lago Titicaca sin que se concrete ningún equipamiento o producción real. En El Alto, la planta procesadora de papa, con un presupuesto de 153 millones, fue construida en un terreno ajeno a EMAPA y abandonada sin ningún resultado operativo. La Fiscalía también denunció la entrega de dos boletas de garantía falsas en la planta de Incahuasi y planteó irregularidades en la venta de harina y granos, que incluyen presuntas implicaciones de familiares cercanos al presidente.

Los abogados defensores intentaron desvirtuar las acusaciones durante el debate, logrando que el juez optara por medidas alternativas a la detención preventiva, decisión que ha generado rechazo y cuestionamientos por parte de las instancias judiciales y del Ministerio Público.

Este caso enfatiza la tensión entre la justicia y el combate a la corrupción en importantes entidades estatales, mientras la sociedad permanece expectante ante las acciones futuras en este proceso judicial.