07 Nov
Por Carla Esposito Guevara
No porque el Tribunal Supremo de Justicia diga que no hubo golpe significa que no lo hubo. Sí fue golpe.
Y las pruebas son contundentes.
1. Compra y subordinación de las fuerzas del orden.
Hubo una compra de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Según confesión de parte, fue el padre de Luis Fernando Camacho quien “cerró con la Policía”. Cuando Camacho llegó a La Paz, la Policía se puso a sus órdenes; un ciudadano sin cargo público ni representación estatal daba órdenes a la fuerza pública.
Incluso, la institución policial le prestó uniformes para que él y Marco Pumari se pasearan por la ciudad dando órdenes a los militares. Camacho ingresó al Palacio Quemado con ayuda de la Casa Militar.
Al arribar al aeropuerto de El Alto, confesó ante una periodista: “Gracias a Dios, los militares nos ayudaron, salimos por los hangares” (Brockman, 2020, p. 362).
Esa declaración fue el primer indicio de que las Fuerzas Armadas estaban comprometidas con la ruptura del orden constitucional y actuaban al servicio de un grupo civil.
2. Ruptura del mando constitucional.
En 2019, el Ejército rompió con el mando civil, pero en lugar de tomar el poder directamente, se subordinó a un grupo civil sin mandato constitucional, que exigió la renuncia del presidente y designó arbitrariamente su sucesión.
3. Sucesión decidida fuera del Parlamento.
La decisión sobre la sucesión presidencial se tomó en un espacio extra parlamentario, la Universidad Católica Boliviana, con la participación de actores sin representación legislativa: Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Waldo Albarracín, el abogado de Camacho y el embajador bolsonarista de Brasil.
En esa reunión, Doria Medina incluso confesó que existía un “plan B” en caso de que la bancada del MAS no aceptara que Áñez asumiera la presidencia.
4. Coacción y exclusión de la mayoría parlamentaria.
El alto mando militar “sugirió” la renuncia del presidente, lo que constituyó una ruptura de la cadena de mando.
La sesión de sucesión no convocó a la bancada mayoritaria del MAS, mientras que la Fuerza Aérea se encargó de trasladar únicamente a los asambleístas de oposición, es decir, a la minoría.
En esas condiciones, solo el 14% de la Asamblea tomó una decisión sin cuórum reglamentario.
5. Irregularidades en el proceso legislativo.
La carta de renuncia de Morales nunca fue leída ni aceptada por la Asamblea.
Antes de cualquier posesión, debía recomponerse la directiva camaral. Según reglamento, la presidencia debía recaer en un asambleísta titular del MAS, no en una senadora suplente de la minoría, como Jeanine Áñez.
Además, la línea de sucesión constitucional fue violentada: varios asambleístas con derecho previo fueron obligados a renunciar bajo amenazas y vejámenes. El “vacío de poder” fue, por tanto, provocado mediante coacción.
6. Una posesión ilegítima.
En toda investidura presidencial legítima existen rituales institucionales: el juramento ante la Asamblea y la imposición de la banda presidencial por el presidente del Senado, en un acto público.
Nada de eso ocurrió.
Áñez no juró ante el pleno camaral. La banda presidencial se la impuso el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, en una ceremonia cerrada, sin presencia de legisladores.
En lugar de símbolos republicanos, una enorme Biblia fue el instrumento de legitimación de un acto que rompía el orden constitucional.
¿Queda alguna duda de que fue un golpe?