Exdefensor del Pueblo, en 2019 relata amenazas policiales previas a la masacre de Huayllani

Cochabamba 15 de noviembre de 2025 .- Cochabamba, 15 de noviembre (Agencia).- A seis  años de los hechos de Sacaba, el exdefensor del Pueblo de Cochabamba en 2019, Nelson Cox, recordó que el 15 de noviembre de ese año se ejecutó el plan represivo del gobierno de facto de Jeanine Añez, que —según afirmó— llegó al poder “cargado de discriminación, odio y racismo” contra sectores campesinos e indígenas.

Cox relató que el 13 de noviembre de 2019, dos días antes de la masacre de Huayllani, delegaciones del Trópico de Cochabamba arribaron a Sacaba con la intención de marchar hacia la ciudad. Como Defensor del Pueblo, solicitó a la Policía autorización para permitir el ingreso pacífico de la movilización, pero recibió una respuesta “cerrada y amenazante” del entonces comandante departamental, coronel Zurita.

“Ustedes se van a movilizar en Sacaba, no pueden entrar a Cochabamba. Este es otro gobierno. Tenemos instrucciones del nuevo gobierno. Si permiten que la movilización baje, los vamos a cazar”, habría advertido el jefe policial, según Cox.

El exdefensor sostuvo que, al arribo de los campesinos, la Policía realizó una requisa “extrema”, decomisando palos, petardos e incluso banderas, pese a que ninguno de los movilizados portaba armas de fuego.

El plan represivo y el Decreto 4078

Cox aseguró que el 15 de noviembre, cuando los marchistas decidieron avanzar desde Sacaba hacia Cochabamba, la Policía “activó un plan previamente georreferenciado, no para contener, sino para reprimir y matar”. Afirmó que esta acción coincidió con la promulgación del Decreto Supremo 4078 por parte del gobierno de Añez, norma que autorizaba a policías y militares a usar armamento letal en operativos de control.

“Ese decreto fue la luz verde para la represión. Así se consumó la masacre de Huayllani, pese a que la movilización era masiva y sin armas”, declaró.

Intentos fallidos de mediación

El exdefensor agregó que la Defensoría del Pueblo intentó mediar para evitar la violencia y facilitar el ingreso pacífico a la ciudad. Sin embargo, denunció que la Policía volvió a requisar a los movilizados bajo el pretexto de permitir un diálogo, reteniéndolos desde las 14:00 horas. Esa situación elevó la tensión mientras, según Cox, los efectivos policiales “ejecutaban su línea de ataque” para iniciar la represión.

“Como Defensoría no pudimos hacer casi nada. Nuestra misión era evitar la represión, pero ya estaba todo decidido”, lamentó.

De acuerdo con los registros oficiales citados por la APDHB, las consecuencias fueron fatales: 37 personas fallecidas por impactos de bala y lesiones letales, 119 heridos y 270 personas encarceladas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó estos hechos como una violación inaceptable de los derechos humanos, sosteniendo que el decreto no solo contravino el funcionamiento básico de un Estado de derecho, sino que “institucionalizó la impunidad”.

Los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), recuerda la Asamblea, evidenciaron además torturas y humillaciones contra trabajadores, campesinos y vecinos de zonas populares. “Imágenes, videos y testimonios coinciden: lo ocurrido entre el 15 y 20 de noviembre de ese año fue una masacre ejecutada por un ejército armado contra ciudadanos bolivianos”, sostiene el documento.