APDH Cochabamba denuncia impunidad y exige justicia a seis años de las masacres de 2019

Cochabamba, 14 de noviembre de 2025.- La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba (APDHB) recordó este viernes los hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando —bajo el amparo del Decreto Supremo 4078, emitido por la entonces presidenta transitoria Jeanine Añez— las Fuerzas Armadas fueron autorizadas a emplear armas letales en operativos de control interno, en el marco del discurso oficial de “pacificación”.

La institución señala que dicho decreto abrió las puertas a la impunidad, permitiendo que tanquetas, metrallas y aeronaves militares impongan “su orden” en medio de un debate nacional sobre la legitimidad del gobierno de entonces. “A plan de bala y golpes, los militares sofocaron la discusión en las calles y sentaron las bases de un gobierno impuesto por la fuerza”, expresa el pronunciamiento.

De acuerdo con los registros oficiales citados por la APDHB, las consecuencias fueron fatales: 37 personas fallecidas por impactos de bala y lesiones letales, 119 heridos y 270 personas encarceladas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó estos hechos como una violación inaceptable de los derechos humanos, sosteniendo que el decreto no solo contravino el funcionamiento básico de un Estado de derecho, sino que “institucionalizó la impunidad”.

Los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), recuerda la Asamblea, evidenciaron además torturas y humillaciones contra trabajadores, campesinos y vecinos de zonas populares. “Imágenes, videos y testimonios coinciden: lo ocurrido entre el 15 y 20 de noviembre de ese año fue una masacre ejecutada por un ejército armado contra ciudadanos bolivianos”, sostiene el documento.

A seis años de estos hechos, la APDH Cochabamba expresa su indignación ante las recientes decisiones de la justicia boliviana, que —según afirman— “vuelven a golpear la memoria de los caídos” y rompen los principios de justicia y reparación, dejando en libertad a los responsables políticos de los sucesos luctuosos.

La institución denuncia un “uso maniqueo de la justicia”, que a su criterio busca congraciarse con nuevas élites en el poder, reproduciendo patrones históricos de impunidad como los registrados en la masacre de San Juan (1967), la represión a la Marcha por la Vida (1986), la Guerra del Agua (2000), la Guerra del Gas (2003), la masacre de El Porvenir (2008) y, más recientemente, las masacres de Senkata y Sacaba-Huayllani.

Finalmente, la APDHB exige que los responsables intelectuales y materiales de las 37 muertes registradas en Senkata, Huayllani, Vila Vila, Yapacaní, Montero y otros lugares del país no queden en la impunidad, demandando que asuman su responsabilidad jurídica y política por los hechos ocurridos en noviembre de 2019.

Fuente: Derechos Humanos Cochabamba.

Dr. Edwin Claros

ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS.