La Justicia debe “ser más rápida y expedita” en los procesos instaurados por los hechos de violencia de 2019 y el también “intento de ruptura y de golpe de Estado de 2022”, porque “no habrá un tiempo de impunidad infinito”, afirmó el portavoz presidencial Jorge Richter frente al discurso de los líderes del paro cruceño de persecución política.
“Quieren hacer de ese espacio territorial un espacio sin justicia, pues decirles que esto no va a suceder, de que el momento va a llegar, en el que los señores que han generado muerte, que han generado ruptura institucional tengan que rendirle cuentas a la justicia y explicarle a la justicia lo que hicieron”, afirmó en Radio Kawsachun Coca.
La Fiscalía General del Estado (FGE) admitió la denuncia contra el gobernador Luis Fernando Camacho y el cívico Rómulo Calvo por los hechos de violencia y vulneraciones a los derechos humanos reportados durante el paro cívico de 36 días en Santa Cruz.
El denominado Comité Impulsor de Justicia en Chuquisaca presentó la denuncia por delitos de discriminación, racismo, organización criminal, atentado contra altas autoridades del Estado, además de atribuirse los derechos del pueblo.
En La Paz también fue presentada una denuncia por la COR de El Alto en contra de Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, líderes de un paro caracterizado por hechos como violencia, racismo, discriminación, saqueos y quema de la sede de los campesinos.
“No habrá un tiempo de impunidad infinito para las personas que generaron la ruptura en 2019 y este intento también de ruptura y de golpe de Estado de 2022, estas muertes que cada vez que ellos intervienen aparecen acto seguido de sus acciones. No habrá una impunidad que quede en la historia”, advirtió Richter.
Camacho tiene un proceso en su contra por los hechos de violencia que acabaron con el golpe de Estado de 2019 y la dimisión del expresidente Evo Morales. En ese entonces fue dirigente cívico y lideró la violencia cívica. Hasta el momento no compareció ante la Justicia en el caso denominado Golpe de Estado I.
Richter aseguró que los líderes de la violencia en Santa Cruz activan toda una estrategia para “camuflar” sus acciones con denuncias de “persecución política”.
Además de las violencias a los derechos humanos, el paro en Santa Cruz provocó un daño económico de más de $us 1.200 millones. “Ese daño económico, el primero de esta magnitud en la historia de nuestro país, tiene que tener también responsabilidad”, insistió.
ABI