Las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) lograron, hasta el 27 de noviembre, erradicar 9.775 hectáreas de hoja de coca excedentaria en el país, informó este martes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
“Tengo el placer de informar que a un mes de terminar este año ya hemos alcanzado la cifra de 9.775 hectáreas erradicadas y racionalizadas dentro del territorio nacional y que, antes que concluya el año el presidente Luis Arce habrá cumplido con sus compromisos nacionales e internacionales”, dijo la autoridad durante la presentación del informe de la la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) sobre la extensión de los cultivos de coca en el país en el periodo 2021-2022.
De acuerdo con el titular de Gobierno, en la gestión 2021 se superó también la meta de erradicación de cultivos excedentarios del arbusto, llegando a eliminar 9.458 hectáreas.
Ese logro, dijo, fue elogiado por la comunidad internacional y motivó a las autoridades de Estado a “redoblar esfuerzos” trazando como nueva meta 10.000 hectáreas erradicadas para este 2022.
Del Castillo afirmó que no solo se cumplirá con esa meta, sino que se apunta a superarla por segundo año consecutivo.
Dijo que con las nuevas cifras se compensa el déficit heredado durante el régimen de facto de Jeanine Áñez que solo logró erradicar 1.770 hectáreas e incluso, recordó, “se registró un incremento de la producción en un 15%”.
“Año tras año vamos a recuperar la gestión perdida del 2020 y vamos a demostrar que somos un país que va luchar de manera formar contra el narcotráfico. Este año estamos superar no las cifras de incautación de otras gestiones (…) sabemos que no es suficiente”, remarcó la autoridad.
En el 2006, el Gobierno diseñó una política “digna y soberana” de lucha contra el narcotráfico basada en la nacionalización, dándole un reconocimiento legal a la hoja de coca incluyéndola a la Constitución Política del Estado.
En el 2017, se aprobó la Ley General de la Hoja de Coca, basada en el control social, el diálogo, la concertación y el respeto a los derechos humanos, con los sindicatos y productores para la toma de decisiones, donde se establece un límite de producción de 22.000 hectáreas destinadas al consumo interno.
Por lo tanto, el resto debía ser erradicado porque podría ser destinado al narcotráfico.
ABI