Dos informes dos resultados iguales

Informe de la comisión de DDHH de la Asamblea Legislativa coincide con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estableció que el 2019 hubo masacres, delitos de lesa humanidad y violación flagrante de los derechos humanos.

La Asamblea Legislativa aprobó el 30 de octubre del 2020 el informe conclusivo de investigaciones sobre los sucesos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 30 de diciembre de 2019 en Ovejuyo, Montero, Senkata, Sacaba, y Betanzos, en los que la principal señalada es la presidenta Jeanine Áñez y hoy la GIEI presentó su informe sobre los mismos acontecimientos y estos son los resultados de ambas investigaciones:

De acuerdo al informe las masacres se registraron en Sacaba (puente Huayllani), el 15 de noviembre, y Senkata; cuatro días después, el gobierno de facto de Áñez, dispuso el operativo militar-policial para intentar aplacar las movilizaciones al amparo del ahora abrogado Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre, que otorgaba impunidad a los efectivos combinados en casos de procesos penales.

Una veintena de fallecidos resultó de ambas intervenciones. La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, con base en informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), estableció que en ambas protestas las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana usaron armas de reglamento, que causaron las muertes.

Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, negaron que los efectivos hubieran usado armas letales. Murillo dijo que los movilizados se mataron entre sí y López afirmó que las Fuerzas Armadas no dispararon ni un solo proyectil.

Además, el titular de la comisión, Víctor Borda, no encontró evidencias de que en Senkata los movilizados hayan intentado atentar contra la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Dijo que el Ministerio de Hidrocarburos, con base en informes de Inteligencia, certificó que no hubo esos extremos.

Ahora, el Ministerio Público deberá continuar con los procesos a estas autoridades y exautoridades (Áñez, bajo juicio de responsabilidades, y otros, juicios ordinarios):

Jeanine Áñez, presidenta transitoria: por los delitos de resoluciones a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes (por la emisión del Decreto 4078, contrario a la Constitución y el bloque constitucional, genocidio, asesinato en grado de tentativa, lesión seguida de muerte y desaparición forzada de personas, por los hechos luctuosos de Huayllani y Senkata.

Gabinete que firmó el Decreto Supremo 4078: Áñez, Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Luis Fernando López, José Luis Parada, Álvaro Rodrigo Guzmán, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, María Elva Pinckert, Mauricio Ordoñez y Roxana Lizárraga por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y la emisión del decreto contrario a la Constitución y el bloque constitucional.

Arturo Murillo y Luis Fernando López, ministros de Gobierno y de Defensa: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, privación de libertad y desaparición forzada de personas, por los sucesos de Huayllani y Senkata.

Jaime Zurita, comandante de la Policía de Cochabamba, y Alfredo Cuéllar, comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte y desaparición forzada de personas, Huayllani y Senkata.

Iván Rojas, comandante de la Policía de La Paz, y Franco Suárez, comandante de Acción Conjunta: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, privación de libertad y desaparición forzada de personas, por la masacre de Senkata.

Williams Kaliman, comandante de las Fuerzas Armadas: asesinato, por haber autorizada la salida de militares en los hechos de Ovejuyo, zona Sur de La Paz, y Betanzos, Potosí.

Rodolfo Montero, comandante de la Policía Boliviana, y Sergio Orellana, comandante de las Fuerzas Armadas: nombrados por el régimen de Áñez respectivamente un día antes de los sucesos de Huayallani y el 10 de noviembre, antes de Huayllani y Senkata.

MASACRE HUAYLLANI

La masacre de Sacaba ocurrió el 15 de noviembre. La Comisión recibió información testimonial según la cual miembros de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba llegaron en una manifestación pacífica al municipio de Sacaba, exigiendo el retorno al gobierno de Evo Morales y rechazando al Gobierno interino. A la altura del puente Huayllani, en el kilómetro 10 de la carretera a Cochabamba, se habría establecido un anillo de seguridad por parte de fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Al momento en el que los manifestantes intentaron pasar, inicialmente fueron contenidos con la indicación verbal de que estaba en camino la Defensoría del Pueblo para mediar; sin embargo, de conformidad con la información recibida, a los pocos momentos los agentes policiales y militares habrían abierto fuego contra la población civil allí reunida, a la que además habrían atacado con gases lacrimógenos, golpes y patadas.

En estos hechos habrían resultaron muertas nueve personas: Omar Calle, César Sipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas Delgadillo, Armando Carvallo Escobar, Marco Vargas Martínez y Roberto Sejas.

También resultaron heridas 120 personas que fueron recibidas en distintos hospitales de Sacaba y Cochabamba. 

El mismo día, según la información recibida por la CIDH, se produjo la muerte de Miguel Ledezma González, de 24 años, al parecer por un impacto de perdigones metálicos no reglamentarios, en un enfrentamiento con fuerzas policiales y militares en Sacaba.

Por otra parte, la comitiva delegada por la CIDH fue informada sobre la muerte de varias personas durante conflictos violentos entre diferentes grupos de particulares en el marco de las protestas, como la muerte, el 11 de noviembre, de Filemón Soria Díaz, de 45 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Cochabamba atado de pies y manos, quien habría muerto por estrangulamiento con un lazo. El 12 de noviembre murió Juan José Mamani, de 35 años, en Cochabamba, tras ser golpeado a muerte por un grupo de personas.

MASACRE DE SENKATA

La masacre de Senkata ocurrió el día 19 de noviembre. Según la información recibida, un grupo de personas partidarias del MAS realizaba un bloqueo alrededor de la planta de hidrocarburos del sector de Senkata, en El Alto. Esa mañana se permitió la salida de la planta de sesenta vehículos contenedores de gasolina y gas, luego de lo cual los manifestantes habrían derribado uno de los muros perimetrales de la planta, momento en el cual habrían sido contenidos con armas de fuego por las fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército.

En los hechos resultaron nueve personas muertas por impacto de bala: Devi Posto Cusi, Pedro Quisberth Mamani, Edwin Jamachi Paniagua, José Colque Patty, Juan José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Quispe, Clemente Mamani Santander, Rudy Cristian Vásquez Condori y Calixto Huanacu Aguilar. Entre las víctimas fatales se cuentan varias personas que al parecer no estaban participando en el bloqueo, sino simplemente pasaban por la zona en camino a sus casas o trabajos.

También se han presentado denuncias públicas sobre la desaparición de varios cuerpos sin vida de personas que habrían fallecido en esta misma masacre, los cuales habrían sido recogidos por agentes estatales sin que se haya vuelto a tener noticia de las personas muertas.

En particular se denunció ante la CIDH que este fue el caso de una mujer campesina, y de una niña de aproximadamente 12 años, entre otros. Las víctimas de esta masacre señalaron consistentemente que los muertos fueron muchos más que los nueve que se han reportado hasta la fecha.  

MASACRE DE OBEJUYO- LA PAZ

El equipo técnico escuchó las denuncias de los asesinatos de Beltrán Paulino Condori Aruni, de 21 años, y Percy Romel Conde Noguera, de 32 años, quienes habrían muerto por disparos de arma de fuego; y de Juan Marín Félix Taco, de 18 años, cuya causa de muerte no se ha determinado, todos ellos durante la contención de una protesta realizada por pobladores de las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, entre el 10 y 11 de noviembre. Según la información presentada por la Defensoría del Pueblo, estas muertes, así como varias lesiones a personas, fueron producidas durante el ingreso de las fuerzas policiales y militares al lugar de la protesta, habiéndose identificado un uso desmedido y desproporcionado de la fuerza pública en este incidente.

BETANZOS – POTOSÍ

Marcelino Jarata Estrada murió en Potosí por un impacto de arma de fuego. 

MASACRE EN MONTERO SANTA CRUZ

En Santa Cruz, en la zona de Montero, el 30 de octubre murieron Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas por impactos de bala, al igual que el joven Roberth C.S., abaleado el 13 de noviembre en la misma ciudad; las muertes ocurrieron durante enfrentamientos entre personas que realizaban bloqueos y partidarios de grupos de opositores al MAS, en los que aparentemente participaron francotiradores.

HERIDOS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH) estableció que en estos hechos se registraron 715 personas, varios por disparo de armas de fuego otros por perdigones, bases lacrimógenos o por golpes

FISCALÍA – IDIF

Los estudios periciales desarrollados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirman que todas las víctimas fatales y los heridos de las masacres, principalmente de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), fueron impactados por proyectiles de armas de fuego.

La CIDH registró en estos hechos la muerte de 11 personas en Huayllani – Sacaba, otras 9 personas en Senkata de El Alto, Ovejuyo La Paz, Betanzos de Potosí, y Montero en Santa Cruz. La CIDH reportó en total la muerte de 36 personas. La Fiscalía tiene registro de 30 fallecimientos. (Redes sociales)