Una investigación del FBI en EE.UU. develó una serie de sobornos y pagos que se hicieron en EEUU y Bolivia por la compra de agentes químicos en diciembre del año 2019 a la empresa Cóndor por parte del Ministerio de Defensa por encargo del Ministerio de Gobierno.
Uno de los hombres de confianza de Arturo Murillo que se encuentra asilado en los EE.UU. fue detenido el pasado 21 de mayo en Naple – Florida acusado de haber recibido una millonaria cantidad de dinero en sus cuentas de EE.UU., el FBI pinchó teléfonos, correos y mensajes desde noviembre del 2019 que terminó ahora con un proceso por lavado de dinero y sobornos en los EE.UU.
PUNTOS CLAVES
Una investigación por parte del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU revela que desde Noviembre 2019 hasta Abril 2020 se realizó la transferencia de dinero desde Bolivia hasta EEUU y desde EEUU hasta Bolivia con fines ilícitos en violación no solo del código penal de Bolivia, sino también de la ley estadounidense conocido como ‘FCPA, título 15, sección 78dd-2’ que penaliza el acto de sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros por parte de ciudadanos estadounidenses o de ciudadanos extranjeros que se encuentran en territorio estadounidense.
Involucra: Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal, jefe de gabinete de Arturo Murillo, actualmente se encuentra en Florida, EEUU. Brayan Samuel Berkman, dueño de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS). Luis Berkman Littman, empresario, padre de Brayan Berkman, viejo amigo de Arturo Murillo y preso en Bolivia en 2001 por tráfico de armas. Philip Litchenfeld, empresario, ciudadano de EEUU y residente de Argentina, socio de los otros 3 involucrados. Además, hay dos individuos ‘co-conspirador 1’, un alto-funcionario del Ministerio de Gobierno, y ‘co-conspirador 2’, un alto funcionario del Ministerio de Defensa.
Los 3 empresarios pagaron un soborno de $us 582,000 a Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal y otro soborno de $us 20,000 al funcionario del Ministerio de Defensa conocido como ‘co-conspirador’ 2, para que el gobierno boliviano contrata a su empresa intermedia. Ese acto en sí ya es una violación del código penal de Bolivia artículo 145, 146 y 158, también es una violación de la ley FCPA de EEUU.
En este acto de corrupción, se realizaron transferencias desde una cuenta que pertenece al Banco Central de Bolivia hacia la empresa intermediaria registrada en EEUU, y luego, una transferencia desde esa empresa hasta una cuenta particular de Philip Litchenfeld registrada en Bolivia.
La investigación encontró que Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal y un funcionario del Ministerio de Defensa (co-conspirador 2) utilizaron sus cargos en el gobierno para asegurar contratos con la empresa Bravo Tactical Solutions para la comprar estatal de armas no letales.
Todo empezó el 16 de noviembre, solo 6 días después del golpe, donde la empresa intermediaria pide a Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal que emite una carta desde el Ministerio de Gobierno que prohíbe la contratación de otra empresa intermediaria (competidor de Bravo Tactical Solutions) y así asegurar que el gobierno y el fabricante de dichas armas, se encuentran obligados a utilizar Bravo Tactical Solutions.
El 17 de diciembre 2020, la empresa intermediaria compra las armas no letales de una empresa de Brasil por el monto de $us 3,357,735. El 19 de diciembre, el Ministerio de Defensa firma un contrato con Bryan Samuel Berkmann, a nombre de Bravo Tactical Solutions, para la compra de estas mismas armas, pero para el monto de $us 5,649,137. Así que la empresa intermediaria se quedó con $us 2,291,402, es decir, 40% del valor de lo que pagó el gobierno boliviano.
La primera entrega del material tenía que ser el 10 de enero 2020. El 4 de enero 2020 Luis Berkman manda un mensaje Whastapp a su hijo Bryan Samuel Berkmann que dice “Philip está con nosotros (pago de $500 mil). Te hablo mañana”. La investigación de EEUU confirma que el ciudadano estadounidense Philip Lichtenfeld coordinó el soborno de medio millón de dólares a los dos funcionarios bolivianos y también asegurar la compra del material de Brasil para poder entregar a Bolivia a tiempo, pese a que el gobierno boliviano aún no pagó la empresa intermediaria.
Entre diciembre 2019 y marzo 2020, el gobierno boliviano intenta transferir el monto de $us 5,649,137 a la empresa intermediaria con fondos del Banco Central. Sin embargo, no logran hacerlo porque el pago es señalado como sospechoso en EEUU por parte del banco con que la empresa intermediaria tiene su cuenta.
El día 15 de enero de 2020 el jefe de gabinete de Arturo Murillo manda un correo al banco estadounidense, desde su cuenta institucional, que dice, “Le escribo desde el Ministerio de Gobierno de Bolivia para solicitar ser contactados en caso de que se requiera más información en relación con el contrato firmado por nuestras agencias gubernamentales y Bravo Tactical Solutions”.
El día 29 de enero el banco estadounidense otra vez rechaza el pago y devuelve el monto al Banco Central de Bolivia. El día 17 de marzo de 2020 el gobierno boliviano pagó, con fondos del Banco Central, el monto de $us 3,976,902 a la empresa intermediaria. El día siguiente la empresa intermediaria paga a la empresa de Brasil el monto de $us 3,357,735 por las armas no letales.
El 8 de abril, el gobierno boliviano transfiere el monto de $us 1,754,584 a la empresa intermediaria. El día 17 de abril Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal escribe un mensaje de Whatsapp al Señor Philip Litchenfeld para pedir que el soborno sea pagado a una cuenta en EEUU.
Durante el mes de abril, Philip Litchenfeld, tras mucho contacto con Co-conspirador 1, deposita el dinero para el soborno en su cuenta en Bolivia. Lo envía a un familiar suyo en Cochabamba, y el 15 de abril Litchenfeld señala a su familiar que entregue el monto de $us 528,000 en efectivo en Cochabamba a Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal. El mismo día, Luis Berkman mandó un screenshot a través de Whatsapp a Philip Litchenfeld confirmando que ya se pagó el monto de $us 20,000 al Co-conspirador 2 funcionario del Ministerio de Defensa.
La investigación de EEUU concluye que Luis Berkman y Bryan Samuel Berkman pagaron sobornos a dos altos funcionarios del gobierno de Jeanine Añez con el fin de ganar contratos con sobreprecio. Los sobornos fueron pagados con las ganancias que la empresa intermediaria accedió con el sobreprecio. La empresa utilizó al señor Philip Litchenfeld para lavar el dinero del soborno y entregarlo al jefe de gabinete de Arturo Murillo, para que no sea un pago directo de la empresa al señor Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal
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