
10 Oct
La Paz, 9 de octubre de 2025.- La Fiscalía General del Estado emitió una orden de aprehensión contra Armin Dorgathen, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco de una investigación por el presunto delito de contrabando de exportación agravado. La medida —informada por medios nacionales— se habría activado tras una denuncia presentada por la Aduana Nacional relacionada con exportaciones de combustible que, según la acusación, tendrían un valor estimado en millones de dólares. La Policía puso en marcha un operativo para dar cumplimiento al requerimiento judicial.
Según las informaciones públicas difundidas por la prensa, la denuncia que dio origen al trámite judicial incluye como implicado a Jesús Salvador Vargas Cruz, identificado en registros oficiales como técnico en gestión aduanera y operativa en la Aduana. Los reportes señalan además que la denuncia fue admitida por las autoridades judiciales y que la investigación busca determinar responsabilidades penales y el monto exacto de la afectación económica.
Este episodio se inserta en un contexto de investigaciones y denuncias previas vinculadas a la compra y gestión de combustibles por parte de YPFB y su filial Botrading. En meses anteriores se registraron denuncias y pesquisas judiciales por presuntos sobreprecios y daños económicos relacionados con importaciones de combustibles, que colocaron a la estatal y a su directorio en el centro del debate público y político. Los medios señalan que estas investigaciones motivaron declaraciones públicas y requerimientos de información por parte del Ministerio Público y comisiones legislativas.
• YPFB, a través de voceros y en redes, ha rechazado versiones que atribuyan irregularidades a su gestión y calificó algunas publicaciones como una 'guerra sucia' destinada a dañar la imagen de la empresa. Además, el presidente Dorgathen negó sobreprecios y defendió operaciones relacionadas con la importación de combustible.
• La Aduana Nacional, institución que figura como denunciante en los reportes periodísticos, mantiene una política pública de recepción de denuncias y difusión de operativos anticontrabando; sus comunicados oficiales sobre decomisos y medidas de control están disponibles en su portal institucional.
Según los reportes, Dorgathen deberá presentar su declaración ante las autoridades competentes y las diligencias policiales y judiciales continuarán para asegurar el cumplimiento de la orden. Las autoridades judiciales están en la vía de recabar documentación, declaraciones y posibles medidas precautorias conforme avance la investigación. Por ahora los hechos están en etapa probatoria y las responsabilidades se determinarán en el proceso penal.
Frente a la gravedad de las acusaciones y su impacto potencial en el abastecimiento energético y la economía, diversos sectores han coincidido en reclamar transparencia y celeridad en la investigación, para garantizar el debido proceso y ofrecer respuestas claras a la ciudadanía. Los medios continuarán cubriendo el avance del caso a medida que Fiscalía, Aduana, YPFB y las instancias judiciales emitan comunicaciones oficiales.