09 Apr
Lauca Eñe, 09 de abril de 2026 .- El expresidente de Bolivia, Evo Morales, solicitó a organismos internacionales pronunciarse sobre la suspensión de la segunda vuelta electoral en el departamento de La Paz, en el marco de las elecciones subnacionales.
A través de su cuenta en la red social X, Morales instó a la Organización de los Estados Americanos, a la Unión Europea y a su servicio diplomático a realizar una auditoría urgente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuestionando la legalidad de la decisión adoptada por este organismo.
Según el exmandatario, el TSE habría utilizado el artículo 64 de la Ley 026 para justificar la suspensión del balotaje, sin aplicar principios como la supremacía constitucional ni el control de convencionalidad. Morales argumenta que esta medida vulnera el derecho a la soberanía popular, consagrado en normas internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En su pronunciamiento, también citó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señalando que las elecciones deben garantizar opciones reales y efectivas para el electorado. En ese sentido, criticó que el TSE permita que una organización política influya en la anulación de un proceso electoral ya convocado.
Morales sostuvo además que la decisión contradice la Constitución Política del Estado, que establece que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce mediante el sufragio universal en condiciones de igualdad. A su juicio, la suspensión de la segunda vuelta convierte un derecho “inalienable” en uno condicionado por decisiones políticas.
El exjefe de Estado también cuestionó la actuación de los vocales electorales, a quienes acusó de vulnerar el bloque de constitucionalidad al priorizar una ley por encima de la Constitución y tratados internacionales. Asimismo, planteó dudas sobre la imparcialidad del presidente del TSE, mencionando denuncias públicas que lo vincularían con otros órganos del Estado a través de familiares.
Finalmente, Morales pidió a los observadores internacionales evaluar la independencia del órgano electoral y garantizar el respeto a los estándares democráticos y a los derechos políticos de la ciudadanía.