Marcha campesina contra la Ley 1720 llega a Sapecho en defensa de la tierra y la propiedad agraria

Marcha campesina contra la Ley 1720 llega a Sapecho en defensa de la tierra y la propiedad agraria

Por: Berna Paca Adrian 23 Apr 2026 Nacional 68 vistas

Los movilizados, tras 17 días de recorrido hacia la sede de gobierno, exigen la abrogación de la norma que, denuncian, favorece a los latifundistas y pone en riesgo a pequeños propietarios.

La marcha por la tierra y el respeto a la propiedad de los campesinos, en rechazo a la Ley 1720, llegó a Sapecho, en el municipio de Palos Blancos, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz. La movilización avanza en defensa de la soberanía agraria y el derecho de los pequeños productores a mantener sus tierras sin amenazas de conversión legal.

Los sectores movilizados sostienen que la Ley 1720 no representa una vía hacia la “libertad agraria”, sino una disposición que podría perjudicar a los pequeños propietarios y favorecer a los intereses de los latifundistas. En ese marco, la marcha cumple 17 días de recorrido hacia la sede de gobierno, manteniéndose firme en su demanda de abrogación inmediata.

De acuerdo con los dirigentes, la norma denominada oficialmente “Conversión de la Clasificación de Pequeña Propiedad Titular a Propiedad Mediana” altera la estructura de la propiedad agraria y debilita los derechos campesinos. Por ello, rechazan su aplicación y aseguran que su lucha responde a la defensa de la dignidad, la soberanía y la seguridad jurídica sobre la tierra.

Los marchistas también cuestionan el contenido político de la norma y la vinculan con intereses de sectores que, según denuncian, promueven un modelo contrario a los campesinos. En ese contexto, afirman que la ley debería ser conocida como la “Ley del terrateniente Branko Marinkovic”, en alusión al actual senador del partido de Tuto Quiroga y exministro del gobierno de Jeanine Áñez.

La movilización, que continúa rumbo a la sede de gobierno, se ha consolidado como un símbolo de resistencia frente a lo que consideran un intento de despojo legal de sus tierras. Los participantes exigen atención inmediata de las autoridades y piden que se escuche a las comunidades afectadas por esta normativa.