13 Jan
La Paz, 13 de enero de 2026.- La tensión entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno nacional volvió a escalar tras la promulgación del Decreto Supremo 5516, norma que reavivó el conflicto entre el Ejecutivo y el ente matriz de los trabajadores, a pocos días de la abrogación del Decreto Supremo 5503.
La COB denunció que el nuevo decreto fue aprobado sin el consenso previamente comprometido, acusando al Gobierno de incumplir los acuerdos alcanzados durante las mesas de diálogo. La dirigencia sindical sostiene que el Ejecutivo optó por la imposición y, ante este escenario, se declaró en estado de emergencia, advirtiendo que no se descartan nuevas medidas de presión a nivel nacional.
Desde el Gobierno, sin embargo, la posición es distinta. El ministro de Obras Públicas afirmó que no existe ninguna obligación de consensuar el Decreto Supremo 5516 con la Central Obrera Boliviana, defendiendo la legalidad de la norma y ratificando que el Ejecutivo no dará marcha atrás en la eliminación de la subvención a los carburantes, uno de los puntos más cuestionados por los sectores sindicales.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, aseguró que el Decreto Supremo 5516 no vulnera ni incumple el acuerdo alcanzado con la Central Obrera Boliviana (COB) y remarcó que esta norma no requería un proceso de socialización previa, al tratarse de un decreto de carácter técnico y administrativo dentro de las atribuciones del Órgano Ejecutivo.
Zamora explicó que el DS 5516 se enmarca en las facultades constitucionales del Gobierno y que su aprobación no contradice los compromisos asumidos tras las mesas de diálogo instaladas con los sectores sociales. Según la autoridad, el acuerdo con la COB estuvo centrado en el nuevo decreto económico y en la eliminación de la subvención, mientras que el DS 5516 responde a otra lógica normativa.
De acuerdo con el discurso oficial, el nuevo decreto busca garantizar la sostenibilidad económica y evitar mayores distorsiones en el mercado de combustibles, una postura que ha sido respaldada por autoridades del área económica. No obstante, analistas y diversos sectores sociales advierten que la falta de consenso podría agravar el conflicto social y generar nuevas movilizaciones en los próximos días.
Aunque el Gobierno insiste en que el diálogo continúa abierto, la COB sostiene que la confianza ha sido quebrantada y que el conflicto está lejos de resolverse. En este contexto, distintos medios han advertido que la confrontación entre el Ejecutivo y los trabajadores organizados podría intensificarse, marcando un nuevo capítulo de tensión social en el país.