Defensoría del Pueblo advierte fallas en la implementación de la Ley 348 para prevenir la violencia contra las mujeres

La Defensoría del Pueblo de Bolivia advirtió que persisten serias dificultades en la implementación efectiva de la Ley N° 348, promulgada en 2013, lo que limita la protección oportuna de las víctimas y la adecuada sanción de los agresores.

La conclusión forma parte del informe defensorial “Análisis de la Implementación de la Ley N° 348: Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (2013–2024)”, presentado con el apoyo de ONU Mujeres y la Unión Europea.

El documento identifica debilidades estructurales en la aplicación de la norma por parte de las instituciones encargadas de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, lo que dificulta una respuesta estatal efectiva frente a estos hechos.

La Ley 348 establece mecanismos de prevención, protección y sanción frente a la violencia de género; sin embargo, enfrenta problemas en su implementación en distintos niveles del Estado, especialmente en los servicios de atención y protección a las víctimas.

Según la Defensoría, estas falencias institucionales afectan la capacidad del sistema para garantizar una atención oportuna y eficaz a las mujeres que sufren violencia, en un contexto en el que este problema continúa siendo grave y estructural en el país.

Durante la presentación del informe, la representante de ONU Mujeres en Bolivia, Nidya Pesántez, subrayó la relevancia de la Ley 348 como instrumento para garantizar derechos y rechazó interpretaciones que la presentan como una norma contraria a los hombres.

“No se trata de una guerra entre mujeres y hombres (…) tampoco es que esta norma esté en contra de los hombres. Las mujeres lo que quieren es que no haya violencia”, afirmó.

Pesántez sostuvo que la ley cumple una función social al establecer límites frente a prácticas de violencia que durante años fueron naturalizadas, y alertó sobre la expansión de discursos que cuestionan los avances en materia de derechos humanos.

“Estamos en un momento de retroceso del discurso de los derechos humanos. Y si los derechos humanos retroceden, retrocedemos todas y todos”, puntualizó.

Por su parte, el encargado de Negocios de la Unión Europea en Bolivia, Adolfo Campos, destacó la importancia de contar con diagnósticos basados en evidencia para fortalecer las políticas públicas orientadas a prevenir la violencia de género.

“Las leyes pueden evolucionar, pero evolucionar no significa vaciarlas de sentido. Significa reforzarlas para que cumplan mejor su objetivo”, afirmó, al reiterar el respaldo de la cooperación europea a las iniciativas destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres.

“Una sociedad que protege a las mujeres no solo protege derechos, protege su propio futuro”, añadió.

A su vez, el Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, sostuvo que “la evidencia es clara: el problema no es la existencia de la norma, sino su implementación deficiente y estructuralmente frágil”.

La autoridad advirtió que cualquier debate sobre eventuales reformas debe respetar los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos.