CONAIE acusa al Estado de crimen y brutal represión; exige fin urgente de violencia en Paro Nacional

Ecuador, 30 septiembre 2025. Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, junto a la vicepresidenta Ercilia Castañeda, llegaron hasta la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional para denunciar con firmeza la violencia estatal perpetrada durante el Paro Nacional 2025, que exige la derogatoria del Decreto 126, con el que se eliminó el subsidio al diésel y de las medidas económicas que dispuso. Además el pueblo ecuatoriano exigen:  

1. Solución a crisis de salud y educación pública que enfrenta el país.
2. Respeto al derecho a la protesta y a la organización social.
3. Cese de la expansión minera y extractivista y no más ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía.
4. Garantías plenas para la vida y seguridad de los pueblos indígenas y de los ecuatorianos.
5. Reducción del IVA del 15 % al 12 % por no haber cumplido el objetivo de frenar la inseguridad.
6. No a la consulta popular ni a la asamblea constituyente, mecanismos que dice no resuelven los problemas del país y que costará más de $ 60 millones.
7. Liberación inmediata de los doce manifestantes detenidos en Otavalo y de todos los detenidos en el marco del paro nacional.
8. Respeto a los derechos colectivos, en particular al de consulta previa.
9. Convocar a los pueblos y a todos los sectores sociales a sostener la movilización. convocado contra el polémico Decreto 126. Ambos líderes indígenas expusieron graves violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas militares y policiales, incluyendo detenciones arbitrarias, represión violenta y el asesinato del dirigente social Efraín Fuerez.

La CONAIE responsabiliza directamente al gobierno de Daniel Noboa por el uso excesivo de la fuerza y los ataques a la población civil indefensa, exigiendo un cese inmediato de la represión tanto aérea como terrestre. En su intervención, Vargas y Castañeda rechazaron la criminalización de la protesta social, recordando que el derecho a manifestarse es legítimo y constitucional.

El Consejo de Gobierno de la CONAIE pidió justicia para los detenidos y que se termine el asedio militar en la región de Imbabura. “No somos delincuentes ni narcotraficantes, somos la voz de un pueblo que lucha por su seguridad y dignidad”, manifestaron con contundencia. La organización indígena alertó que la inseguridad crece en el país mientras las autoridades responden con autoritarismo, asegurando que las organizaciones sociales están convocadas a levantarse en defensa de sus derechos.