26 Nov
La Paz 21 noviembre 2025 - La Defensoría del Pueblo manifestó profunda preocupación tras el anuncio del cierre del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, señalando el riesgo que representa para la protección de poblaciones vulnerables en Bolivia. Según la institución, al desaparecer esta cartera de Estado, diversos sectores sociales quedarán sin una entidad rectora fundamental para la formulación de políticas públicas, coordinación interinstitucional y provisión de servicios esenciales para el ejercicio de derechos humanos.
El pronunciamiento de la Defensoría destaca que bajo la tuición del ministerio funcionaban reparticiones estratégicas como el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis), el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), además del Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu), todas dedicadas a brindar asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a personas en situación de vulnerabilidad.
También expresó inquietud por la desaparición de la presidencia y secretarías técnicas que gestionaban consejos sectoriales como el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, el Consejo para una Vejez Digna, y el Consejo para la Niñez y Adolescencia, instituciones que aseguraban un trabajo interinstitucional articulado para la promoción y cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por Bolivia.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo exhortó al Órgano Ejecutivo a clarificar la nueva estructura institucional que asumirá la tuición y administración de estas funciones vitales para la protección social y la defensa de los derechos humanos en el país.