CIDH considera como un "golpe fuerte" la anulación de procesos judiciales de las masacres de Sacaba y Senkata

19/11/2025.- El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, manifestó este miércoles su gran inquietud por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular los procesos judiciales relacionados con las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre de 2019. 

Caballero consideró que el fallo judicial, dada la gravedad de los hechos en cuestión, constituye un "golpe fuerte" para las víctimas, para la sociedad boliviana, para la labor de la Comisión y para la institucionalidad del país. El presidente de la CIDH recordó que el organismo acompañó de cerca estos casos desde su inicio.

En una audiencia sobre ambos sucesos, Caballero señaló que la anulación judicial representa un "punto de inflexión" en los seis años de trayectoria de seguimiento a estas graves violaciones a los derechos humanos. Además, citó a un representante de las víctimas, indicando que el retroceso en la búsqueda de justicia compromete el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado y se traduce en una revictimización de quienes aún tienen las "heridas abiertas". La represión con resultado de muertes en Sacaba y Senkata, bajo la administración de Jeanine Áñez, fue catalogada como masacre por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual emitió un informe con recomendaciones específicas de reparación y justicia.

El titular de la CIDH explicó que la Comisión mantuvo reuniones constantes con instituciones estatales para monitorear el avance en las reparaciones, incluyendo conversaciones con el Ministerio Público y el TSJ para evaluar el estado de los procesos. Caballero insistió en que el nuevo gobierno debe comprender la magnitud de lo acontecido, pues la anulación de estas causas no es un asunto menor. Los hechos de Sacaba y Senkata dejaron diez personas fallecidas por impactos de bala en cada lugar, mientras la Policía y las Fuerzas Armadas actuaban con el amparo del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidad penal por el posible uso excesivo de la fuerza. La decisión de revisión de casos por parte del TSJ, tras el cambio político, culminó con la anulación del proceso ordinario contra la expresidenta Áñez, principal implicada en el caso.

Vía La Prensa.