¿A QUÉ GRUPOS DE PODER BENEFICIA EL DS 5503?

Por Horacio Villegas Pardo

Días después de la promulgación del DS 5503, el ministro de economía Espinoza, nos decía en una conferencia de prensa, haciendo alusión a dicho decreto, que “las reglas son iguales para todos” y por tanto “se terminan los privilegios y los beneficios para unos pocos”, concluyendo que “un Estado justo es aquel que trata a todos por igual”. 

Por el contrario, este articulo de opinión tiene el objetivo de mostrar que en Bolivia comenzó la implementación de una política económica sustentada por el capital transnacional norteamericano y la elite empresarial nacional, que a nivel político  ideológico tienen un discurso ultra neoliberal y antiestatal radical que es potencializado con un lineamiento dictatorial que se ve plasmado en la promulgación del DS 5503, que suprime las responsabilidades de la Asamblea Legislativa. 

A manera de contexto es bueno comenzar con el actuar de la pésima gestión de Luis Arce, quien dejó servida la mesa a los actores internacionales y el sector privado apátrida, destruyendo el modelo económico que permitió crecer casi cinco veces nuestro PIB en catorce años, como también pulverizando las organizaciones sociales que hacían parte de la estructura política de masas más grande desde la revolución del 52. El pacto con EE.UU por parte de este triste personaje se lo entiende en la medida que dilucidemos que el golpe de estado del año 2019 fue el inicio del ataque, el gobierno de Arce fue el desmantelamiento del Estado y el gobierno de Paz con el DS 5503, el intento de reestructuración de los intereses extranjeros y empresariales en Bolivia. 

No es casualidad que el ministro de Economía Gabriel Espinoza y el Canciller Aramayo estuviesen en Estados Unidos la segunda semana de diciembre, ni tampoco que funcionarios del gobierno norteamericano se encuentren en el país dos días antes de la promulgación del DS 5503, su contenido tiende a beneficiar a dicho país que se encuentra en su agonía imperial, intentando desesperadamente controlar el continente ante la pérdida de su hegemonía mundial ante una China y Rusia que ya lo sobrepasan con creces a nivel comercial, tecnológico y militar. 

El interés por parte de EE.UU son dos en el país: las tierras raras y el litio; para ello deben utilizar el arma financiera sine qua non de siempre: la deuda. No olvidemos que China controla el 90% de la refinación de tierras raras, que son tan requeridas por la industria tecnológica y bélica, por tanto EEUU necesita fuentes confiables de aprovisionamiento y el escudo precámbrico boliviano, ubicado en el norte del departamento de Santa Cruz, es una de las provincias geológicas y metalogénicas (estudio de minerales basados en su origen) más importantes de Sudamérica, con un gran potencial de recursos mineralógicos. Asimismo, tenemos la mayor reserva mundial de litio y tercera en potasio, ni que decir del boro; las baterías de almacenamiento y los fertilizantes tan necesarios para la transición energética y la producción de alimentos que requiere China, estarán en manos de los norteamericanos. 

También vale mencionar que Bolivia juega un papel importante en la logística y transporte de la producción agroindustrial brasilera que ve un puerto de Santos totalmente saturado y un puerto de Chancay que abarata sus costos para llegar a China. Regiones que son las mayores productoras de soya, azúcar, maíz, celulosa, etc., como Matto Grosso, Rondonia y Matto Grosso do Sul, son también nuestras vecinas fronterizas, las cuales necesitarán pasar por nuestro país a mediano plazo y será saboteado por un gobierno boliviano intervenido por los norteamericanos. 

De igual manera, los centros de datos de grandes empresas tecnológicas, que Rodrigo Paz anunció vendrán invertir en Bolivia, necesitan tres variables que nuestro país tiene en abundancia: agua, energía y espacios de clima frío. Pocas personas saben que la Inteligencia Artificial utiliza grandes cantidades de agua para enfriar dichos centros, a ello debemos sumar que el altiplano boliviano tiene uno de los mayores índices de radiación solar por metro cuadrado permitiendo el uso de energía con paneles, con el aditamento que el clima de la región es idóneo por sus bajas temperaturas.       

Por último, no tenemos que perder de vista que a EE.UU solo le quedan 7 años de reserva de petróleo (por ello se explica su interés en Venezuela), y Bolivia cuenta con reservas importantes en la cuenca Madre de Dios, en el norte del país, como nos mostró el estudio de la empresa francesa Beicip Franlab y con un potencial en la Llanura Chaqueña de petróleo no convencional que se debe intensificar en su exploración. 

Podemos apreciar que el gobierno norteamericano, sus corporaciones y fondos de inversión tendrán con el DS 5503 un alineamiento total a sus intereses, otorgándole condiciones de doblegamiento total por parte del gobierno boliviano actual, creando un Régimen de Promoción y Protección de Inversiones sin precedentes que garantiza un trato equitativo al extranjero como si fuese capital nacional, estabilidad jurídica y tributaria de 15 años, sin cambios posteriores en impuestos ni normativa mediante un Contrato de inversión entre el Estado boliviano y el inversionista, el cual será aprobado mediante decreto supremo sin pasar por el trámite legislativo. 

Además, el inversionista tendrá aprobado su proyecto por Cancillería en 30 días, acelerando tramites ambientales y licencias con total confidencialidad, lo que se ha denominado el “Fast Track”; y por ultimo se abren los mecanismos de protección al inversor mediante instancias de arbitraje internacional en caso de controversias con el Estado. Este escenario se da bajo una directriz establecida en el artículo 110 del decreto de prohibir el financiamiento a todas las empresas estatales en los sectores estratégicos, estrangulando su funcionamiento. Queda servida la cama para el capital occidental extranjero. 

Por otra parte, el sector financiero, es decir la banca boliviana, recibe un sinfín de beneficios con este decreto, primero autoriza a las entidades financieras a registrar como incobrables hasta el 60% de su cartera de créditos correspondiente a la gestión 2026, cuando dichos créditos no se han vencido, permitiendo que ese monto sea deducido como gasto reduciendo artificialmente su utilidad y con ello el pago del Impuesto sobre las Utilidades de las empresas (IUE). Vale aclarar que un crédito solo puede considerarse incobrable sí existe una mora prolongada, se agotaron acciones de cobro o se demuestra imposibilidad real de recuperación. El DS 5503 rompe esa lógica permitiendo que el 60% de los créditos de 2026 sean tratados como incobrables “anticipados”, aunque sigan vigentes, es decir, aunque el cliente siga pagando.

Esta medida beneficia directamente a la banca porque reduce le reduce carga tributaria y protege sus utilidades en un contexto de crisis, trasladando el riesgo al Estado que dejará de percibir impuestos del sector financiero. Además que no se le exige ninguna contraprestación equivalente porque no se obliga a bajar tasas de interés, a condonar deudas ni ampliar el crédito productivo, por tanto el banco no tiene urgencia de renegociar ni incentivo para reestructurar deudas porque ya obtuvo alivio fiscal; por el contrario para los prestatarios el tiempo de diferimiento de su crédito los intereses seguirán corriendo, es decir, continuará generando deuda mientras no paguen sus cuotas, aumentando el interés acumulado.

El beneficio es asimétrico, a la banca se le deduce créditos no vencidos, medidas propias de contexto de rescate financiero; y por el contrario los prestatarios se verán aun mas sobreendeudados, enfrentando una carga financiera aun mayor, ya que la deuda original será más grande. Asimismo, ante una lectura detallada del decreto 5503 encontramos que la vinculación entre el Artículo 29 (beneficio fiscal a la banca) y el Artículo 120 (nuevo régimen cambiario) no es accidental ni aislada. Ambos forman parte de una misma arquitectura de ajuste, pensada para proteger al sistema financiero frente a un escenario que el propio decreto anticipa: la devaluación de la moneda boliviana.

Debemos comprender que una devaluación genera inmediatamente inflación, caída del salario real, aumento del costo de vida, mayor dificultad para pagar créditos y aumento de la mora bancaria, por tanto los trabajadores asalariados, clase media endeudada, pequeños emprendedores, MYPES, dejan de pagar los créditos bancarios cuando hay devaluación. Entonces el Artículo 29 permite a los bancos deducir hasta el 60% de su cartera 2026 como “incobrable” antes de que ocurra la mora. Es una preparación fiscal anticipada para un shock cambiario.

En este sentido, el Artículo 29 y el Artículo 120 son dos piezas del mismo engranaje: el primero blinda a la banca frente a una devaluación que el segundo prepara. Mientras el boliviano pierde valor y los deudores entran en mora, los bancos reducen impuestos anticipadamente. El costo de la devaluación no lo asume el sistema financiero, lo asumen los trabajadores, la clase media y el Estado. Ante esto el ministro Espinoza continuará con la mentira de que el decreto genera “reglas iguales para todos”, falacia que se cae por sí sola.

Pero continuemos con los otros ganadores del DS 5503: el gran empresario nacional recibe una amnistía fiscal mediante el Régimen de Regularización y Repatriación de Capitales no declarados, buscando aflorar capital y activos ocultos que supuestamente fortalecerían la liquidez y reservas en el país, sin ser perseguidos ni sancionados por la falta de declaración previa y con total confidencialidad de la información. El articulo 21 ofrece alícuota del 0% si el dinero permanece en el sistema financiero 24 meses o se destina a “inversiones productivas”, favoreciendo a los grandes empresarios y grandes corporaciones que  tienen capital significativo que no han declarado, que puede ser utilizado para consolidar aún más su poder económico. La concentración de riqueza aumentará, ya que las grandes empresas pueden expandirse más rápidamente con los recursos repatriados o regularizados, mientras que las empresas nacionales más pequeñas se verán desplazadas por la competencia desleal extranjera que veremos más adelante. 

La cereza en la torta es el artículo 66 que declara la prescripción de oficio de intereses y sanciones sobre obligaciones tributarias hasta octubre de 2025. Un empresario que debe millones en sanciones por evasión verá borrada su deuda. Debemos tomar en cuenta que los grandes evasores y deudores de impuestos ante el Estado no son los pequeños empresarios, emprendedores y profesionales, sino los grandes contribuyentes, que son empresas con movimientos económicos gigantes como los de Samuel Doria Medina, la familia de Fernando Camacho, la familia Monasterios, Kuljis, Marincovic, entre otros. 

Por ultimo, se beneficia de gran manera al sector exportador de la agroindustria y a los grandes importadores, veamos porqué. A las importaciones el decreto suprime las autorizaciones previas que antes exigía el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX), ahora bastará el régimen aduanero general implementado en los años noventa. Al eliminarse la Autorización Previa de Importación (API) del año 2016, alimentos y productos agropecuarios del extranjero (maíz, trigo, arroz, azúcar, aceites vegetales, carne, leche, pollo, etc.) competirán directamente con la producción nacional perjudicando de sobremanera al pequeño y mediano productor. 

Al reducirse los costos de importación, los productos extranjeros se vuelven más competitivos. Las importaciones más baratas significan que el capital comercial importador obtiene mayores márgenes de ganancia, mientras que las industrias nacionales enfrentan mayor competencia desleal. La importación libre según decisión del importador, genera mayor presión sobre pequeños y medianos productores agropecuarios, quienes son el sustento del mercado interno. Parece ser que el objetivo del decreto es llevar a la bancarrota al campesino porque además que sus costos suben por el aumento desmedido del diésel, la demanda bajará de sus productos, llevándolo a migrar a la ciudad o buscar otra fuente de ingresos. 

Lo mismo sucede con la Micro y Pequeña Empresa nacional que no podrá competir con más importaciones de prendas de vestir, textiles y calzados. Si ya era difícil mantenerse en pie por el tema del contrabando, ahora será peor, sobre todo para los productores de la ciudad de El Alto que cuenta con una cantidad considerable de pequeña industria según datos del INE. Destrozar la producción interna de alimentos y bienes industriales es el fin de este decreto, que tiene por objetivo reducir a la clase media como veremos en una próxima entrega. 

Para el sector agroindustrial, el beneficio viene con la eliminación del requisito del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo que se exigía para exportar alimentos básicos como la soya, carne, azúcar, sorgo, entre otros; dicho certificado aseguraba primero el abastecimiento interno a precio estable. Por consiguiente, se restablece “plenamente el principio de libertad de exportación”, indicando que solo se hará monitoreo de suministro interno pero sin control de precios. En la práctica, esto atiende demandas del agronegocio exportador, permitiéndoles vender al exterior sin restricciones. No nos sorprenda, por ejemplo, que el kilo de carne sobrepase en los próximos días la barrera de los 100 bs.

Con respecto a los carburantes, el Decreto establece que en seis meses los precios de la gasolina y diésel volverán a modificarse, pero esta vez se implementará una movilidad de precios constante según el tipo de cambio nacional y el precio del petróleo internacional, haciéndose responsables de su importación y comercialización el sector privado, relegando a YPFB. Al gran empresariado nacional se le dio un tiempo de adecuación logística y financiera para que se haga de uno de los mayores negocios en el país que mueve diariamente millones de bolivianos. 

Sobre el endeudamiento del Estado, el articulo 5 del Decreto establece que el Banco Central queda autorizado para obtener financiamiento externo sin especificar una cantidad exacta o un proceso de aprobación detallado. Esto llevará a que el gobierno de Paz pueda acceder a fondos internacionales sin necesidad de consultar ni negociar con el Congreso, lo cual llevará al Ejecutivo a incurrir en préstamos sin una evaluación adecuada del impacto a largo plazo, poniendo en riesgo la soberanía económica. Pero lo alarmante es que el ministro Espinoza nos diga que gran parte de los créditos externos serán utilizados para financiar directamente a empresas privadas. Ya tenemos basta experiencia en el país como nos mostró la década de los noventa (BIDESA, Big Beni, etc.), cuando los recursos se canalizan al sector privado, se utilizan los fondos para fortalecer su capacidad de acumulación sin generar un efecto multiplicador positivo en la economía, aumentando la desigualdad y favoreciendo a esta elite empresarial en desmedro del resto de la población.

Queda demostrado que el DS 5503 fue pensado para beneficiar al capital transnacional norteamericano y a la elite empresarial boliviana; ambos son los ganadores. No es un decreto de estabilización como el 21060 del año 1985, sino más bien es de reestructuración ultra neoliberal de la economía, que tiene además la premura de agilizar agresivamente los procesos de privatización y enajenación de la economía nacional, sin respetar la Constitución Política del Estado ni las leyes sectoriales. 

Por el contrario, el gran perdedor es el Estado Nacional, como también la clase media, los pequeños y medianos comerciantes, los pequeños y medianos productores de alimentos y bienes industriales, los asalariados, los jubilados, los emprendedores y los sectores populares. Son ellos los que pagarán con devaluación, inflación, mayor pago de impuestos, mayor competencia extranjera, perdida de salario real, estabilidad laboral, subvenciones y bonos. A ellos nos dedicaremos en una próxima entrega.