DENUNCIAN AMENAZAS A PERIODISTA POR REPORTAJE SOBRE TIERRAS DE LOS ESE EJJA Y ANPB EXIGE GARANTÍAS.

El periodista Rafael Acuña, de la localidad de Rurrenabaque, denunció haber recibido una serie de amenazas a través de WhatsApp tras la publicación del reportaje titulado “Confinados y sin territorio: el Estado boliviano empuja a los ese ejjas de Eyiyoquibo al etnocidio”, desarrollado dentro del proyecto Amazonía Traficada. De acuerdo con la información difundida, la persona que envió los mensajes sería uno de los 20 propietarios privados asentados en el predio que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) adjudicó al pueblo indígena Ese Ejja. En los mensajes, el sujeto solicitó que la alianza de medios retire la publicación, argumentando que el contenido “desvirtuaba” los hechos e insinuando posibles acciones legales, además de intentar obtener información sensible sobre las fuentes periodísticas, pidiendo datos de dirigentes indígenas entrevistados.

La investigación periodística expone la situación de vulnerabilidad que atraviesa una fracción del pueblo Ese Ejja asentada en Eyiyoquibo, municipio de San Buenaventura, donde 358 personas —entre ellas 140 menores de edad— viven en condiciones de hacinamiento en un espacio reducido de ocho hectáreas a orillas del río Beni. 

El reportaje detalla que, durante más de dos décadas, la comunidad buscó la dotación de tierras para preservar su modo de vida ancestral vinculado a la navegación y al río; sin embargo, mientras se distribuían tierras fiscales a otros sectores sociales, la demanda indígena fue postergada. Cuando finalmente se atendió la solicitud, se les otorgó un predio de 1.141,8 hectáreas en Puerto Menor, Rurrenabaque, el cual presenta conflictos por avasallamientos y presencia de comunidades campesinas y propietarios privados, situación que derivó en tensiones que alcanzaron al periodista tras la difusión del reportaje.

A raíz de estos hechos, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) junto a las nueve asociaciones departamentales emitieron un pronunciamiento público condenando las amenazas y advirtiendo que este tipo de acciones representan un intento de intimidación que trasciende lo personal y afecta al conjunto del periodismo nacional. La organización señaló que el uso de mecanismos judiciales como presión genera autocensura y vulnera el derecho de la población a estar informada, subrayando que en democracia las investigaciones deben responderse con transparencia y no con amedrentamientos. 

Asimismo, instó a las autoridades a garantizar la protección integral de periodistas, respetar la labor informativa como derecho humano esencial, investigar los actos de intimidación para evitar la impunidad y promover un entorno seguro para el ejercicio de la prensa. 

El pronunciamiento fue emitido en la ciudad de La Paz el 13 de febrero de 2026.