Mientras Jeanine Áñez está en la cárcel rodeada de médicos, familiares, DDHH y apoyada por la jerarquía católica, las víctimas de su régimen, es decir los 38 muertos, centenares de heridos, torturados y detenidos, aún no encuentran justicia, dijo Alpacino Mojica, uno de los afectados del golpe de Estado de 2019.
Relató en radio Patria Nueva que tras el golpe de ese año, fue aprehendido por el solo hecho de ser del MAS-IPSP, torturado y encarcelado por aproximadamente siete meses, lapso en el cual fue enviado al calabozo y sufrió un calvario que no desea a nadie, indicó.
“Nos secuestraron y torturaron”, dijo Mojica, quien fue aprehendido en un gigantesco operativo policial ordenado por el régimen de Áñez. Su hermano también fue aprehendido.
Se desempeñaba entonces como candidato a diputado del MAS. Fue involucrado en los actos de violencia que sucedieron en Montero, Santa Cruz.
El excandidato a asambleísta, cuestionó que ahora Áñez se victimice acompañada de todo un aparato político que la respalda y busca liberarla con apoyo de la jerarquía católica y de Derechos Humanos, respaldo que no tuvieron las víctimas de las masacres y violaciones a los derechos humanos durante el régimen golpista.
“Ella debe pagar todo el daño que hizo a los bolivianos”, indicó Mojica.
El 15 de noviembre de 2019, durante el régimen de Áñez, al menos 11 civiles perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, Cochabamba.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableció que en la matanza de Sacaba se produjeron ejecuciones sumarias.
El reporte internacional también añade que durante la gestión de Áñez se produjo la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde el 19 de noviembre de 2019 perdieron la vida otras 11 personas, todas indígenas y 78 resultaron heridas.
ABI