La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció este miércoles que, tras la toma violenta de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones, el régimen de facto generó un daño económico al Estado de Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.
“Son más de Bs 8.965.000 el daño económico que se tiene por el desmantelamiento, bajar la señal, por el ataque y la quema de los medios de comunicación”, aseveró la autoridad gubernamental en conferencia de prensa.
Aseguró los hechos se conocieron mediante una investigación documental realizada por personal jurídico y administrativo del Viceministerio de Comunicación. Se pudo constatar que entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 existieron procedimientos al margen de la norma.
En el caso de Bolivia TV, aseguró que se generó un daño económico de Bs 2.040.269 porque no se asumieron acciones presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional de los equipos, el costo de mantenimiento y reparación en los nueve departamentos. La situación generó la suspensión forzada de emisión con un daño de Bs. 2.593.280. Se afectó a 887.029 personas.
Dijo que además se evidenció el manejo ilegal de contratación de personal en medios estatales durante la gestión de Andrés Rojas y Gonzalo Rivera. Denunció el incumplimiento de requisitos, la gestión ineficiente y discrecional en la gestión de Recursos Humanos, la falta de registró asistencia de consultores durante enero de 2020, casos de consultorías en línea irregulares, la designación de cinco ítems al margen de la norma y la contratación de servicios profesionales en forma no adecuada.
Aseveró que, en instalaciones de la Regional Cochabamba de BTV, se encontró escudos utilizados en acciones violentas por el grupo paraestatal “Resistencia Juvenil Cochala”.
En el caso de la radio Patria Nueva, el daño económico es de Bs 962.500 por afectaciones, por ejemplo, en la señal en repetidoras y equipos con un perjuicio para 1.795.995 personas.
En el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios el daño económico fue de Bs 2.282.319, porque no se tomaron medidas presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional ante ataques, desmantelamiento y desinstalación forzada.
“Se va a proceder como corresponde en todos los casos. Como había dicho: nosotros tenemos que cumplir con la norma, somos fiscalizados en esa línea. Vamos a presentar (las denuncias) contra los directores de los medios de comunicación, los gerentes que han estado cumpliendo esa función pública”, dijo la Viceministra de Comunicación.
Se identificaron los siguientes tipos penales: Contribuciones y ventajas ilegítimas de servidores públicos, conducta antieconómica, atentados contra la seguridad de servicios públicos, incumplimiento de deberes, deberes de ciudadanos y omisión de denuncia.
ABI