El Ministerio Público confirmó, basado en 13 testimonios recolectados durante la reconstrucción sobre la pericia balística y geoposicionamiento con relación a las más de 125 víctimas heridas en Huayllani (2019), que policías y militares ejecutaron en aquella ocasión una intervención escalonada en contra de los manifestantes.
“Lo concreto y lo establecido fue que sí ha existido una participación coordinada entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para hacer esta intervención escalonada que tenía avances y retrocesos en el puente Huayllani”, dijo el secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe.
Luego de la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, alegando un golpe de Estado, sus seguidores en el trópico de Cochabamba iniciaron una marcha de protesta rumbo a la ciudad; sin embargo, el 15 de noviembre la movilización acabó con 12 muertos y más de un centenar de heridos.
Los movilizados, entre hombres y mujeres de diversas edades, habían sido interceptados por policías y militares en el puente de Huayllani para que no sigan avanzado.
Los marchistas usaron piedras, palos, petardos y dinamitas para alejar a los uniformados, quienes usaron gases lacrimógenos, pero sobre todo proyectiles de armas de fuego, según testimonios de las víctimas, porque así lo permitía el Decreto 4078, que autorizaba la salida de los militares para resguardo de las instituciones y el uso de la fuerza.
“El personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”, señalaba el artículo 3 del decreto emitido el 14 de noviembre.
Su vigencia duró dos semanas, ya que la expresidenta Jeanine Añez dijo, el 28 de noviembre, durante su abrogación, que el objetivo de pacificación del país había sido cumplido. También se evidenció que los policías y militares usaron en esa jornada gas lacrimógeno como una forma de quitar visibilidad a los manifestantes. “Existen indicios de que hubo uso desmedido de lo que es la fuerza, entonces se realizan las pericias para tener certeza, además se definirá el tipo de armamento y municiones utilizadas”, añadió Quispe.
Pese a las evidencias de la arremetida de policías y militares, días después de la masacre, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hoy prófugo de la justicia, aseguró que los manifestantes se dispararon entre ellos porque todas las heridas que tenían los cadáveres eran en las nucas.
“Esta reconstrucción nos ha permitido recibir la versión de las víctimas sobre cómo hubieran acontecido estos hechos y sí ha existido una afrenta por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas contra los bloqueadores. Producto del testimonio tenemos mayores elementos que ayudarán a complementar las investigaciones y dar respuesta al clamor de justicia de la población”, manifestó Quispe.
La autoridad fiscal añadió que los actos investigativos no se agotaron y que la misión del Ministerio Público es investigar hechos que arrojarán resultados para ser puestos a consideración de las autoridades jurisdiccionales.
“Faltan más actos investigativos. La Fiscalía actúa con la objetividad correspondiente para dar respuesta a la población”, afirmó.
Por ahora, el excomandante de la Policía de Cochabamba, coronel Jaime Zurita, se benefició con medidas sustitutivas a la detención preventiva. También se dispuso detención domiciliaria, sin derecho al trabajo, para el comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar. La justicia benefició al excomandante de la Policía Rodolfo Montero con medidas sustitutivas.
Los uniformados son investigados por los delitos de asesinato y lesiones debido a las muertes y heridos que dejó esa masacre.
Ahora el Pueblo