que dio órdenes de disparar en Senkata
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, mediante un comunicado, hizo conocer su satisfacción por la imputación formal del general de las Fuerzas Armadas (FFAA) Luis Fernando Valverde Ferrocino.
Las investigaciones comenzaron en noviembre del 2019 y después de más de un año, se tienen la primera imputación formal por la masacre de Sensata, según una copia de la imputación que recibió la APDDH de la ciudad de El Alto de parte de la fiscalía.
En noviembre del 2019, el general Luis Fernando Valverde Ferrocino, estaba a cargo del cuidado de las instalaciones de YPFB. Ese día una caravana de cisternas llegan a la planta de Sensata, cargan combustible y se dirigen de retorno a la ciudad de La Paz para abastecer los surtidores, sin embargo, por órdenes del general Valverde, el convoy que era escoltado por tanquetas de las FFAA y policías, retorne a Sensata y en eso se producen los enfrentamientos con los pobladores; los militares y policías, amparados en un decreto de inmunidad, abren fuego con gases lacrimógenos y proyectiles de armas de fuego contra la multitud, dejando el saldo de 10 fallecidos y 65 heridos, además de decenas de detenidos. Todo ocurrió el 19 de noviembre del 2019, durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.
En el proceso de investigación en primera instancia, no se llamó a los policías y militares, sin embargo, por presión de los familiares de las víctimas, la fiscalía toma declaraciones a los uniformados donde aseguran que se recibió una orden directa del general Luis Fernando Valverde Ferrufino, de retornar a la ciudad de El Alto y defender el convoy.
Ya se sabe de quién salió la ordenado disparar, pero hay que dar también con los militares que dispararon. Se pide que el proceso se siga también contra las autoridades de turno como Jeanine Añez, Arturo Murillo y Luis Fernando López.
Por otro lado, la Asociación de las víctimas de las masacres de Hayllani y Senkata, exigen que los autores de los crímenes de lesa humanidad, no solo sean investigados, sino que sean sancionados por genocidio, asesinato y vulneración de los derechos humanos.