“Nos están quitando la casa”: prestatarios acusan a bancos y al Gobierno por recorte en reprogramación

Prestatarios denunciaron abuso de las entidades financieras y arremetieron contra el Gobierno de Rodrigo Paz, al que responsabilizan de haber recortado el alcance de la reprogramación de créditos mediante un decreto que dejó fuera a la gran mayoría de las familias endeudadas.

En medio de la crisis económica, los afectados expresaron su desesperación por el avance de remates y adjudicaciones de viviendas, advirtiendo que muchas familias están a punto de quedarse en la calle sin que exista una respuesta real de las autoridades.

“¿Dónde está nuestra ley? ¿Dónde está esa ley que dice que tenemos derecho a la casa? ¿Dónde vamos a ir a vivir?”, reclamaron los prestatarios, al denunciar que ya no pueden sostener sus deudas mientras los bancos aceleran los procesos de cobro.

Los movilizados también cuestionaron el rol de la ASFI, al señalar que no frena los abusos de las entidades financieras y que, en los hechos, termina permitiendo que los bancos agilicen remates mientras las familias afectadas siguen sin protección.

Uno de los puntos más duros del reclamo apunta al decreto del Gobierno, que redujo de forma drástica la cantidad de beneficiarios de la reprogramación. Aseguran que mientras la ley alcanzaba a 1.400.000 prestatarios, con la nueva disposición apenas se benefició a 10.500 en todo el país.

“De 1.400.000 a 10.500, eso es una barbaridad”, denunciaron, al afirmar que el decretazo terminó favoreciendo solo a una minoría y perjudicando a miles de familias golpeadas por la crisis.

Los prestatarios también lamentaron el incumplimiento de promesas oficiales y señalaron que, en lugar de soluciones reales, el Gobierno solo responde con discursos, mientras la población sigue cargando con deudas, intereses y el riesgo de perder su vivienda.

Ante esta situación, anunciaron que se sumarán a la marcha del 11 de abril, junto a otros sectores, para exigir una reprogramación real, frenar los remates y denunciar lo que consideran un abuso bancario avalado por el propio Gobierno.