Marcha campesina de Pando y Beni avanza hacia La Paz en rechazo a la Ley 157 publicada como Ley 1720 en la Gaceta Jurídica Oficial del Estado

Cobija, Pando, 14 de abril de 2026.- La marcha de la Federación de Trabajadores Campesinos de Pando (FTCP), con adhesión de sectores de Beni, cumple su recorrido hacia La Paz con el objetivo de exigir la anulación de la Ley 1720, con la que esta registrado en la Gaceta Jurídica Oficial del Estado norma que ha generado rechazo entre organizaciones campesinas e indígenas. La movilización partió el miércoles 9 de abril de 2026 desde el municipio de El Porvenir, en Pando, y ya suman seis días de caminata en medio del intenso calor amazónico y el desgaste físico de los participantes.

Según la dirigencia, la protesta fue impulsada inicialmente por campesinos e indígenas de Pando y luego se amplió con la incorporación de sectores de Beni. Además, otros grupos campesinos de distintas regiones han anunciado que podrían sumarse a medida que la marcha se acerque a la sede de Gobierno.

La controversia gira en torno a la Ley 1720, promulgada por el presidente Rodrigo Paz y promovida por el empresario y senador Branko Marinkovic. La norma permite la conversión de pequeñas propiedades agrarias tituladas a medianas mediante un trámite simplificado ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), con una solicitud escrita y declaración jurada voluntaria, en un plazo de diez días. Sin embargo, su reglamentación aún deberá ser elaborada por el Órgano Ejecutivo en un plazo de 60 días, lo que ha generado incertidumbre sobre su aplicación.

El dirigente campesino Yeris Galindo advirtió que la ley podría afectar a más de 200 comunidades de Pando que mantienen solicitudes de dotación de tierras en curso. “Esta norma pone en riesgo la estabilidad de nuestras tierras ancestrales”, señaló, al ratificar la continuidad de la movilización.

A su vez, el abogado Gabriel Villalba Pérez cuestionó la reciente publicación de la norma en la Gaceta Jurídica Oficial del Estado. Explicó que las propiedades convertidas a medianas quedarán sujetas a verificación de la Función Económica Social (FES) durante diez años, con exigencias sobre producción, uso adecuado del suelo y sostenibilidad. “Se atenta contra la protección constitucional de la pequeña propiedad agraria”, afirmó, al advertir que la medida podría abrir la puerta a procesos de reversión de tierras.

La dirigencia campesina aún no fijó una fecha de arribo a La Paz, debido al agotamiento de los marchistas y las condiciones climáticas de la zona. Mientras la caravana avanza, el conflicto por la Ley 1720 profundiza la tensión entre sectores rurales, indígenas y empresariales en Bolivia.