Derecho UMSA advierte vulneración constitucional por proclamación sin segunda vuelta en La Paz.

La Paz, 10 de abril de 2026 .- La Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) emitió un pronunciamiento público en el que expresa su “profunda preocupación” por recientes actuaciones en el proceso electoral del Departamento de La Paz, particularmente por la proclamación de un ganador a la Gobernación sin la realización de una segunda vuelta.

En el documento, la unidad académica sostiene que la exigencia de mayoría absoluta o mayoría reforzada no es una formalidad prescindible, sino una condición esencial de legitimidad democrática. En ese sentido, advierte que desconocer este requisito vulnera normas constitucionales y desnaturaliza el principio de soberanía popular, debilitando las bases del sistema democrático. Asimismo, recuerda que la normativa vigente establece la obligatoriedad de una segunda vuelta cuando ninguna candidatura alcanza los porcentajes requeridos.

La Carrera de Derecho también rechaza que la declinatoria de una organización política pueda ser utilizada como argumento para evitar el balotaje o justificar la proclamación automática de un candidato que no alcanzó la legitimidad electoral necesaria. Según el pronunciamiento, este tipo de decisiones carece de respaldo legal.

En caso de consolidarse una declinatoria, el documento plantea que deben aplicarse alternativas compatibles con el orden constitucional, como la habilitación de una tercera fuerza política o la convocatoria a nuevas elecciones. En esa línea, enfatiza que la proclamación directa, sin verificar una segunda vuelta, no se ajusta a derecho.

Otro de los puntos observados es la actuación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que se le atribuye haber asumido competencias que corresponderían al Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz. Esta situación, según el pronunciamiento, podría constituir una vulneración al principio de jerarquía y competencia, e incluso derivar en la nulidad de actos posteriores.

El documento también subraya que, conforme a la ley electoral, son los tribunales departamentales los responsables del cómputo oficial y la proclamación de autoridades electas dentro de su jurisdicción, así como de decisiones sobre inscripción, sustitución e inhabilitación de candidaturas.

Finalmente, la Carrera de Derecho advierte que la renuncia o declinatoria de una organización política podría acarrear consecuencias jurídicas relevantes, incluida la posible pérdida de su personería jurídica, de acuerdo con la normativa vigente.

El pronunciamiento concluye señalando que los hechos descritos afectan gravemente los principios de legalidad, seguridad jurídica, representación popular y soberanía del voto. En ese marco, alerta que la alteración de las reglas del proceso electoral en pleno desarrollo constituye un precedente de “extrema gravedad institucional” y puede erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas