Jeanine Áñez se presentó este viernes ante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz para señalar que “no movió un dedo para llegar a la presidencia”.
Fue su primera declaración inicial durante la audiencia presencial del caso Golpe de Estado II, abierto en la vía ordinaria en su condición de exsenadora por presunto incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución para acceder a la primera magistratura del Estado.
Antes de negarse a responder a las preguntas del Tribunal, que instaló la audiencia en el penal femenino de Miraflores, donde está recluida, aclaró que asumió el mando de la nación como medio para “pacificar el país”.
Afuera del centro penitenciario, decenas de personas, con pancartas y estribillos, le recordaron que durante los días de “pacificación”, movilizaciones en Senkata, Sacaba, Betanzos, Pedregal y Yapacaní fueron “aplastadas con bala”, con heridos y detenciones ilegales.
Pacificación
El 12 de noviembre de 2019, un militar de alto rango, William Kaliman, hoy prófugo de la justicia, le imponía la banda presidencial a Jeanine Áñez.
“Mi compromiso es devolver la democracia y tranquilidad al país”. Esas fueron las promesas, con la Biblia en la mano, de Áñez minutos después de asumir el mando de la nación sin que la Asamblea Legislativa aprobara antes la renuncia del presidente y vicepresidente del país, Evo Morales y Álvaro García, un paso que exige la Constitución.
Ultra religiosa, cada mañana que llegaba a su despacho en Palacio Quemado, reunía a su círculo de colaboradores más cercanos e invocaba a Dios en sus oraciones.
El 15 de noviembre cumplió ese mismo ritual y minutos después recibía aliviada el Decreto Supremo 4078. El documento había sido discutido y redactado un día antes.
El artículo 3 de esa norma, conocido ahora como el “decreto de la muerte”, provocaría el estupor de organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país por estimular la represión violenta: “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”.
Mientras que con el respaldo del “decreto de la muerte” se afinaban las operaciones de las fuerzas de seguridad del Estado para aplastar las movilizaciones, ese mismo 15 de noviembre en el hall de palacio se presentaba a la prensa extranjera como la “presidenta transitoria”.
No mencionó la vigencia de Decreto Supremo 4078, pero advirtió a los periodistas la aparición de grupos subversivos armados.
“Como presidenta de Bolivia, quiero informar que hemos identificado grupos subversivos armados conformados por súbditos extranjeros y de compatriotas de algunas regiones en conflicto”, dijo, acompañada por ministros de Estado, comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, reportaba una agencia internacional.
En el primer día las intervenciones militares destinadas a “pacificar”, murieron 11 civiles y otros 120 resultaron heridos en Sacaba, Cochabamba.
El 19 de noviembre, en Senkata, El Alto, hubo otros 11 civiles fallecidos y 78 heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó estos acontecimientos como masacres.
Tras esos disturbios, se conoció el decreto aprobado por el Ejecutivo y le llovieron críticas internacionales.
En 10 días de vigencia, la exención de responsabilidad penal para las Fuerzas Armadas dejó 38 muertos y decenas de heridos.
Al revocar la medida, en cadena nacional, Jeanine Áñez dijo que se había logrado la “pacificación”.
Este viernes, mientras repetía esa misma palabra, en las calles le recordaban que “masacre no es pacificación”.
ABI