Un experto afirma que la ONU y la OEA abogan por la presidenta de facto Jeanine Áñez, como entidades que iniciaron el golpe de Estado 2019 en Bolivia
En una entrevista concedida a la cadena Hispan TV, el analista de temas internacionales Fernando Casado, al comentar la reciente detención de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y sus exministros interinos, ha dicho que organismos internacionales jugaran un papel esencial en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, por lo que es muy obvio que ahora esas entidades consideren “preocupante” la situación de la oposición boliviana.
Según el analista Fernando Casado, Áñez y acólitos deben responder por el golpe de estado del 2019, ese golpe contó con el apoyo de la ONU y de la Embajada de los Estados Unidos y ahora tratan de escudarse en que nunca hubo golpe y con ese argumento intentan evitar la cárcel.
En octubre de 2019 hubo una vulneración al Estado de Derecho, al Gobierno legalmente constituido, hubo una interrupción de un mandato y la imposición de un gobierno, la de Áñez, que intentaron una sucesión de mandato, pero que en los hechos lo que hubo fue un golpe de estado, no otra cosa.
Lo que ha ocurrir ahora y es lo lógico, que caiga todo el peso de la ley en la exgobernante Jeanine Añez y sus. Se le dio 4 meses de cárcel preventiva de seis que pedía la fiscalía. N ese tiempo se investigarán los hechos y la justifica deberá emitir un fallo.
Fernando Casado, agrega que la UNU y Derechos Humanos, la propia embajada de los Estados Unidos abogan por Áñez, dentro un discurso hipócrita.
La Unión Europea actúa con doble moral, porque primero defiende los derechos de Áñez, pero por debajo busca apoyar la caída de un gobierno porque eso favorece a los intereses económicos de los Estados Unidos ya que Bolivia, privatizó sus empresas, sus recursos naturales y eso desfavorece a Estados Unidos, que tiene interés en el litio bolivianos y otros recursos de ese país, manifestó el analista.
El analista advierte que este caso podría ser aprovechado por organismos internacionales para tratar de imponer sanciones a Bolivia por la vulneración de los derechos humanos, pero dependerá más de la política internacional que asume Bolivia. Si continúa con una política nacionalista de preservación de sus recursos naturales y de rechazo a la intervención norteamericana; o si asume una posición más tibia y permite la injerencia internacional en sus asuntos económicos.