Bolivia enfrenta una grave crisis institucional tras la filtración de mensajes que involucran al exministro de Justicia, César Siles, y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en un escándalo de corrupción sin precedentes. Según una investigación publicada por el medio argentino Negocios y Política, se habría transferido un pago de al menos 50.000 dólares en criptomonedas al magistrado René Yvan Espada (autoprorrogado), del TCP, para garantizar una sentencia que prohíbe la candidatura presidencial de Evo Morales en las próximas elecciones.
El documento filtrado, titulado “Propuesta final 007/2025(3).docx”, fue enviado por Siles al magistrado Espada y contiene la base para la sentencia que limita las reelecciones presidenciales más allá de dos periodos, modificando la interpretación constitucional vigente. Esta sentencia fue presentada oficialmente por el TCP poco después, con mínimas modificaciones respecto al borrador enviado desde la oficina del ministro de Justicia, que ya renunció a su cargo.
El escándalo ha generado un impacto político profundo, pues se denuncia un pacto de proscripción política que involucra al órgano electoral, el TCP y el gobierno de Luis Arce, afectando la legitimidad y transparencia del proceso electoral. Líderes políticos y analistas advierten que, si las elecciones se realizan bajo estas condiciones ilegítimas, el gobierno resultante también carecerá de legitimidad para tomar decisiones.
Este caso se enmarca en un contexto regional de “lawfare” o guerra jurídica con fines políticos, similar a casos conocidos en Brasil, Argentina y Ecuador, donde la justicia ha sido utilizada para proscribir a líderes populares de izquierda. Se señala además la influencia de intereses internacionales y transnacionales que buscan impedir el regreso de partidos de izquierda al poder en Bolivia, en un contexto de disputa por recursos naturales y hegemonía política.