La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, denunció este jueves que el Gobierno nacional aprobó una transferencia de más de 6,7 millones de bolivianos del Tesoro General de la Nación (TGN) al Ministerio de Gobierno, en un contexto marcado por la crisis económica y el inicio de la campaña electoral.
Según documentación oficial difundida por la legisladora, la asignación fue realizada mediante decreto supremo y coincide con la reciente proclamación del ministro Eduardo Del Castillo como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que —a juicio de Campero— genera sospechas sobre un posible uso político de recursos estatales.
“Mientras el propio presidente Arce repite que no hay dinero, asignan más de seis millones de bolivianos a un ministerio que históricamente ha estado vinculado a tareas represivas contra sectores sociales”, cuestionó.
El documento que se hizo público establece en su Artículo 2: Autorización, lo siguiente:
«Se autoriza al Ministerio de Gobierno incrementar, en la gestión 2025, a través de traspasos presupuestarios intrainstitucionales, afectando la partida 26990, financiado con fuente Tesoro General de la Nación bajo la modalidad de apoyo presupuestario sectorial del convenio de financiación, las supartidas: Consultores individuales en línea en Bs 4.834.500 para la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI); y consultorías por producto en Bs 1.912.000 para el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas.»
Campero calificó la medida como «alarmante» y exigió transparencia en el uso de los fondos públicos, instando a la Contraloría General del Estado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional a investigar la legalidad, pertinencia y oportunidad de esta transferencia.
“El país enfrenta deudas millonarias, una economía debilitada y necesidades urgentes en salud, educación y empleo. No es aceptable que se prioricen gastos cuestionables en plena campaña electoral”, remarcó.