El diputado nacional Héctor Arce ha presentado públicamente un documento en el que denuncia 14 presuntos hechos de corrupción relacionados con los hijos del presidente Luis Arce, los cuales —según afirma— muestran un patrón de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso indebido de bienes y recursos estatales.
Entre los hechos más relevantes señalados por el legislador se encuentran:
- La compra del predio “Adán y Eva”, de más de 2.100 hectáreas por parte de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente, a los 25 años, por más de 5,4 millones de dólares.
- Créditos bancarios millonarios por más de 63 millones de bolivianos otorgados a Rafael Ernesto y Camila Daniela Arce Mosqueira, ambos menores de 26 años, por el Banco Ganadero.
- Trámites acelerados en la ABT y privilegios en la compra y distribución de combustible a través de YPFB y la ANH.
- Denuncias de desmontes y quemas ilegales en plena vigencia del Decreto Supremo Nº 5225, que establecía una «pausa ecológica».
- Contratos estatales con EMAPA para la venta de maíz y trigo por más de Bs. 18 millones, pese a no existir evidencia de producción agrícola propia.
- La adjudicación de una consultoría estatal por Bs. 83 mil a Rafael Arce, sin experiencia comprobada en el área.
- Movimientos bancarios millonarios detectados tras la llegada de Luis Arce a la presidencia, según reportes del Banco Unión S.A.
- Uso indebido de vehículos estatales por parte de Luis Marcelo Arce Mosqueira y cobros irregulares por viáticos y beneficios sociales.
- Viajes frecuentes al exterior de ambos hijos del presidente, sumando más de 90 salidas del país en pocos años.
- Coincidencias entre proyectos de infraestructura estatal, como el puente San Luis (Bs. 21,7 millones), y el beneficio indirecto de propiedades familiares.
- Antecedentes judiciales, como una denuncia por robo de bienes de YPFB en 2014 por parte de Luis Marcelo Arce Mosqueira.
El diputado Arce concluye que «la familia de Lucho Arce hoy son prósperos millonarios a costa del dinero del pueblo boliviano», y exige una investigación profunda, imparcial y transparente sobre el origen de estos recursos y las acciones del entorno presidencial.