Vicente Choque, dirigente nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), manifestó su preocupación y rechazo ante las recientes declaraciones del presidente Luis Arce Catacora, sobre los créditos millonarios obtenidos por sus hijos, Rafael Ernesto y Camila Arce Mosqueira. En una entrevista, Arce explicó que sus hijos accedieron a créditos por un total de 9,1 millones de dólares, principalmente para la compra de la propiedad agrícola “Adán y Eva” en Santa Cruz, operación que fue financiada mediante un crédito del Banco Ganadero y que, según el mandatario, cumple con la normativa legal vigente.
Choque cuestionó la transparencia de estas operaciones y denunció que, contrario a lo afirmado por Arce, no existe una hipoteca sobre la tierra para respaldar los préstamos, desmintiendo así una parte clave de la explicación presidencial. Además, consideró que las declaraciones de Luis Arce no contribuyen a aclarar la situación, sino que más bien agravan la polémica y dañan la imagen del gobierno y su familia. Choque, instó a que se realicen investigaciones imparciales para esclarecer el origen y la legalidad de estos créditos.
La controversia surgió tras la revelación de documentos que muestran que Rafael Arce, con apenas 24 años, adquirió la propiedad “Adán y Eva” por 3,3 millones de dólares, financiada con un crédito bancario, mientras que ambos hijos suman préstamos por 63,1 millones de bolivianos (unos 9,1 millones de dólares) en total. El presidente defendió que la evaluación bancaria se basa en la viabilidad del proyecto y no en la edad o solvencia personal del solicitante, y calificó las críticas como una campaña de desprestigio política.
Sin embargo, organizaciones como Fundación TIERRA y sectores críticos han señalado irregularidades en la adquisición y uso de estas tierras, además de cuestionar la rapidez y condiciones en que se otorgaron los créditos. La polémica también involucra denuncias por posibles delitos de legitimación de ganancias ilícitas y uso indebido de influencias, presentadas ante la fiscalía general del Estado.