El Deber .- El juez Fernando Marcelo Lea Plaza Aliaga, detenido de forma preventiva por el caso “consorcio”, reveló en su declaración ampliatoria la existencia de un supuesto plan político-judicial para inhabilitar a la actual magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira. El plan habría sido articulado por la vocal Claudia Castro, el vocal Iván Campero, el vocal Yván Córdova y presuntamente con la instrucción directa del Ministro de Justicia, César Siles.
Según el testimonio del juez, quien ejerce funciones en Coroico desde noviembre de 2023, fue contactado hace semanas por la vocal Castro, quien le planteó que debía tramitar una acción de amparo constitucional en su juzgado contra la magistrada Coaquira. La acción se basaría en una supuesta falsedad documental relacionada con méritos de docencia en su postulación.
Lea Plaza relató que fue presionado en diversas reuniones para aceptar el caso, con promesas de protección política y amenazas de represalias si se negaba. Indicó que, según lo que le transmitieron, el objetivo era que Iván Campero –suplente de Coaquira– asumiera el cargo tras su eventual suspensión.
El juez declaró que se sintió “coaccionado” y aceptó condicionalmente avanzar en el proceso. Afirmó que nunca tuvo experiencia en casos constitucionales y que otros actores redactaron la resolución por él. Dijo que recibió instrucciones vía WhatsApp e incluso audios de partes de la audiencia.
Durante la audiencia del 11 de junio, afirmó que fue bombardeado con llamadas, se sintió presionado y nervioso, y que la vocal Claudia Castro lo guiaba incluso con respuestas a las enmiendas desde su teléfono. No firmó ni imprimió la resolución final, pues horas después fue aprehendido.
El juez también aseguró que fue contactado telefónicamente por el propio ministro César Siles, quien le dijo que el plan estaba coordinado “a niveles más altos” y que debía sentirse respaldado.
Este testimonio, al que accedió el diario EL DEBER, es parte de la investigación en curso por una presunta red de consorcio judicial con fines políticos y manipulaciones dentro del sistema de justicia boliviano.