Radio Kawsachun Coca

    El TCP ordena la restitución de un vocal judicial que renunció para postularse como magistrado

    0

    La decisión favorece a Jimmy Fernando López Rojas, quien no participó en las elecciones judiciales tras ser anulada la convocatoria en Santa Cruz.

    El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de su Sala Cuarta Especializada, emitió el Auto Constitucional Plurinacional 0005/2025-ECA, mediante el cual ordena la restitución en su cargo de Jimmy Fernando López Rojas, vocal judicial que había renunciado para postularse como magistrado del TCP en las elecciones judiciales de 2024.

    López Rojas fue designado en noviembre de 2023 como Vocal de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con un mandato vigente hasta el año 2027. En cumplimiento del artículo 238, numeral 3, de la Constitución Política del Estado, presentó su renuncia para habilitar su candidatura al Tribunal Constitucional.

    Pese a haber sido preseleccionado con el mayor puntaje a nivel nacional, la convocatoria fue declarada desierta en el departamento de Santa Cruz, junto a otros, mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2024-S4 del 4 de noviembre de 2024. Esta anulación respondió a acciones de amparo constitucional presentadas por otros postulantes, sin responsabilidad atribuible a López Rojas.

    Frente a esta situación, el vocal solicitó al TCP el «dimensionamiento» de los efectos de dicha sentencia, argumentando que su renuncia fue un requisito legal y que la anulación del proceso afectó sus derechos fundamentales, en especial el derecho al trabajo.

    El TCP, aplicando la doctrina de la “interpretación previsora”, consideró procedente la solicitud y ordenó su reincorporación inmediata al cargo que ocupaba, con el mismo nivel jerárquico y salarial. La restitución deberá concretarse en un plazo máximo de 48 horas desde la notificación del fallo, aunque sin derecho a salarios retroactivos.

    Este fallo sienta un precedente importante sobre la protección de derechos fundamentales en contextos electorales anulados, destacando la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones de equidad y justicia para todos los postulantes.

    Share.