Por: Tentara Carrillo.
En el escenario político boliviano, las máscaras caen tarde o temprano. Hoy, el presidente Luis Arce se presenta como víctima de un supuesto complot liderado por Evo Morales, el mismo líder que lo llevó al poder, el mismo dirigente a quien debe su carrera política. Sin embargo, más allá de los discursos victimistas y las acusaciones a medio construir, lo que realmente se despliega ante nuestros ojos es una profunda traición política, acompañada de una administración corrupta, violaciones de derechos humanos y un manejo económico desastroso.
Luis Arce fue elegido con el respaldo mayoritario de quienes aún creían en el proceso de cambio encabezado por el MAS.
Su candidatura fue posible gracias a la estructura, militancia y legitimidad construidas durante años por Evo Morales. Sin embargo, una vez instalado en el poder, Arce emprendió una estrategia de distanciamiento que rápidamente se tornó en abierta confrontación. Lo que comenzó como una diferencia interna se transformó en una guerra política, cuyo trasfondo es la disputa por el control del partido y del aparato estatal.
Acusar a Evo Morales de bloquear el país para forzar una candidatura inconstitucional es, como mínimo, hipócrita. Luis Arce sabe que su gestión ha fracasado en todos los frentes y que su popularidad está por los suelos. En vez de asumir su responsabilidad política y moral, opta por desviar la atención mediante una narrativa de persecución. Lo cierto es que Arce ya ha traicionado no solo a Morales, sino a millones de bolivianos que confiaron en él.
Durante su gobierno, se ha visto un resurgir de prácticas neoliberales disfrazadas de progresismo. La economía nacional atraviesa una crisis estructural: escasez de dólares, caída en las exportaciones, inflación reprimida y una dependencia cada vez mayor del endeudamiento externo. Lejos de reactivar el aparato productivo, Arce ha optado por administrar la crisis con medidas improvisadas y sin transparencia. La corrupción en empresas estatales, como en YPFB y otras instituciones estratégicas, se ha vuelto una constante. El «gobierno de los técnicos» ha resultado ser un gobierno de burócratas y oportunistas.
A ello se suma la creciente represión y criminalización de la protesta social. El uso de la fuerza pública contra sectores movilizados, incluso contra exmilitantes del MAS que hoy disienten con el gobierno revela un preocupante giro autoritario. El desbloqueo de carreteras, con policías heridos y posibles enfrentamientos, no hace más que evidenciar el clima de tensión generado por un gobierno incapaz de construir consensos y que ahora reprime a quienes antes lo apoyaban.
Luis Arce no solo traicionó a Evo Morales; traicionó a su base social, a los movimientos indígenas, campesinos y obreros que lo colocaron en Palacio. Traicionó el mandato popular que lo eligió para profundizar el proceso de cambio, no para convertir el Estado Plurinacional en una herramienta de persecución y beneficio de unos pocos tecnócratas y aliados circunstanciales.
El pueblo boliviano merece un gobierno coherente, ético y comprometido con la justicia social.
Lo que hoy vemos es un Ejecutivo que ha perdido legitimidad, que recurre al miedo y la división para sostenerse, y que busca en el enfrentamiento interno la excusa perfecta para su propio fracaso.
Luis Arce no es víctima. Es autor de su propia caída.