En medio de una profunda crisis económica que afecta a miles de familias bolivianas, el Gobierno de Luis Arce Catacora ha aprobado un millonario gasto en contratos publicitarios con medios de comunicación nacionales e internacionales. Así lo revelan documentos oficiales del Programa Anual de Contrataciones (PAC), emitidos por el Viceministerio de Comunicación.
Según los informes, se han destinado decenas de millones de bolivianos para promover la imagen gubernamental en televisión, radio, prensa escrita, medios digitales e incluso vallas publicitarias. La fecha de inicio de los contratos figura como el 2 de mayo de 2025, y la lista de medios beneficiados incluye tanto grandes cadenas como empresas menos conocidas.
Entre los contratos más destacados se encuentran:
- ATB Canal del Valle: 16,5 millones de bolivianos
- Plataformas Digitales de ENTEL: 7 millones de bolivianos
- PAT: 6 millones de bolivianos
- Bolivia TV (transmisiones): 4 millones de bolivianos
- Red Uno: 3 millones de bolivianos
- Cadena A: 3 millones de bolivianos
- GIGAVISIÓN (propiedad del padre del periodista Junior Arias): 2,5 millones de bolivianos
- Vallas publicitarias: 2 millones de bolivianos
- TELESUR (dirigido por Freddy Morales): 1 millón de bolivianos
- Periódico Los Tiempos: 1 millón de bolivianos
- Radio Univalle: 1 millón de bolivianos
- Trystar Investment SRL (La Prensa): 1 millón de bolivianos
También figuran montos menores asignados a espacios como el programa “Fama, Poder y Ganas” (300 mil Bs), la Radio Éxito La Paz (100 mil Bs), el Semanario La Época (300 mil Bs), y medios como Radio Televisión Palenque RTP, con un contrato de 4 millones de bolivianos.
Esta política de comunicación contrasta con la realidad social del país, donde el desempleo, el aumento del coste de vida y la reducción de reservas internacionales son temas recurrentes en el debate público. Diversos analistas cuestionan la transparencia y la prioridad de estas inversiones estatales, especialmente cuando se canalizan hacia medios afines al oficialismo.
La oposición ha calificado este gasto como un intento del Gobierno de consolidar su imagen a través de los medios, en lugar de responder con medidas concretas a las demandas ciudadanas.
La ciudadanía espera explicaciones claras sobre el destino de estos recursos, en un contexto económico que requiere mayor austeridad y eficiencia en el gasto público.
