En una decisión histórica, el Tribunal de Garantías ha ordenado dejar sin efecto todos los actos procesales e investigativos realizados por el Ministerio Público y la Comisión de Fiscales en relación con Juan Evo Morales, tras la emisión de la Sentencia Constitucional número 22 de 2024, fechada el 2 de octubre de 2024. La resolución también anula cualquier resolución de aprehensión y autos de rebeldía en contra del expresidente, garantizando así la restitución de sus derechos fundamentales.
El tribunal fundamenta su fallo en la nulidad de los actos realizados por el Ministerio Público, considerando que estos fueron nulos de pleno derecho constitucional y que las actuaciones se basaron en un ejercicio ilegal de la acción penal. Además, ordena remitir toda la documentación del proceso al Ministerio Público de Cochabamba y al Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción de Tarija, para asegurar el cumplimiento de la sentencia.
Esta decisión reafirma la importancia del control jurisdiccional y la protección de los derechos constitucionales, dejando claro que cualquier actuación contraria a la sentencia será sancionada. La resolución busca garantizar que las acciones judiciales se ajusten a los principios constitucionales y respeten los derechos del ciudadano afectado.
