Ordenan cinco meses de detención preventiva para Luis Arce en el caso Fondo Indígena

La Paz, 12 de diciembre de 2025 .- Tras más de seis horas de audiencia virtual, el juez 12.º de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de La Paz, Elmer Laura, ordenó la detención preventiva por cinco meses del expresidente Luis Arce Catacora en el penal de San Pedro. La autoridad judicial consideró que existen indicios suficientes de autoría en los delitos imputados y un alto riesgo de obstaculización de la investigación en el caso del Fondo Indígena, uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados a anteriores gestiones del Movimiento al Socialismo (MAS).

Arce es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, relacionados con el supuesto desvío irregular de recursos públicos durante su gestión como ministro de Economía y su participación en el Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

En su resolución, el juez Laura reconoció que el imputado acreditó arraigo familiar y laboral, al demostrar que es docente titular de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Sin embargo, sostuvo que estos elementos no son suficientes para neutralizar los riesgos procesales, particularmente el de obstaculización, previsto en el Código de Procedimiento Penal.

“El ahora imputado, por su condición de exministro y expresidente, mantiene una capacidad real de influencia sobre exfuncionarios, testigos y coimputados, muchos de los cuales dependieron jerárquicamente de él o formaron parte de directorios bajo su gestión”, fundamentó la autoridad judicial.

El juez detalló que el Ministerio Público identificó a decenas de personas  entre exministros, exautoridades, dirigentes y funcionarios— que aún deben prestar declaración como testigos o sindicados, sobre quienes Arce podría ejercer presión directa o indirecta, afectando la búsqueda de la verdad histórica de los hechos. Entre ellos se mencionó a exministros, exdirectores y exdirigentes vinculados al entorno institucional del Fondioc.

Asimismo, Laura señaló que el caso reviste alta complejidad debido a la pluralidad de imputados y a la cantidad de actos investigativos pendientes, como inspecciones técnicas, registros del lugar de los hechos, pericias especializadas y declaraciones informativas. “No se trata de una investigación unipersonal, sino de una estructura con múltiples actores y responsabilidades compartidas”, explicó.

Respecto al riesgo de fuga, el juez consideró que el imputado tiene facilidades para abandonar el país, tomando en cuenta su historial de viajes y la posibilidad de salir del territorio nacional incluso con su sola cédula de identidad. No obstante, aclaró que la negativa de Arce a firmar el acta de aprehensión no constituye por sí misma un riesgo procesal, al tratarse de una situación subsanable conforme a la norma.

En relación con el estado de salud, la autoridad judicial indicó que la defensa no presentó certificados médicos actualizados que acrediten de manera fehaciente la enfermedad oncológica alegada. Los documentos exhibidos corresponden a estudios realizados en 2017, por lo que no permiten establecer el estado actual del imputado. El juez aclaró que, de ser necesaria, la atención médica especializada puede ser garantizada dentro del sistema penitenciario.

Laura también rechazó el argumento de la defensa sobre la improcedencia de la detención preventiva por edad, al señalar que Arce tiene 63 años y no 65, como exige la normativa para activar dicha excepción. Además, recordó que en casos de corrupción con grave daño económico al Estado, la legislación restringe la aplicación de medidas menos gravosas.

Finalmente, el juez subrayó la magnitud del daño económico, estimado de manera provisional en miles de millones de bolivianos, y sostuvo que el principio de proporcionalidad justifica la medida extrema de detención preventiva. “Se trata de delitos que afectan directamente al patrimonio del Estado y a recursos destinados a sectores vulnerables”, concluyó.

Con esta decisión, el expresidente deberá cumplir cinco meses de detención preventiva en el penal de San Pedro, mientras avanzan las investigaciones del caso Fondo Indígena, un proceso que vuelve a colocar en el centro del debate judicial y político a exautoridades de alto nivel del país.