Sala Constitucional de Santa Cruz admite acción popular contra el Presidente Rodrigo Paz por el Decreto Supremo 5503 y convoca audiencia para el 9 de enero

Santa Cruz, 6 de enero de 2026 .- La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz admitió la acción popular interpuesta por el constitucionalista PhD Wilmer Juan Vázquez Flores contra el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en relación con el Decreto Supremo 5503, al considerar que la demanda cumple los requisitos formales y materiales establecidos por la Constitución Política del Estado (CPE) y el Código Procesal Constitucional.

De acuerdo con la resolución emitida el 24 de diciembre de 2025, la acción popular también fue dirigida contra la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo, en el marco de los artículos 135 y 136 de la CPE, así como del artículo 68 del Código Procesal Constitucional, debido a las atribuciones y responsabilidades institucionales que estas entidades ejercen en el control y resguardo de los derechos colectivos.

La Sala Constitucional dispuso la realización de una audiencia pública para la consideración y resolución de la acción, la cual fue programada para el viernes 9 de enero de 2026 a horas 13:00. La audiencia se desarrollará de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, en atención a la necesidad de diligenciar comisiones en las ciudades de Sucre y La Paz.

Asimismo, el tribunal instruyó a las partes procesales a coordinar con la Secretaría de Sala para el seguimiento del proceso y estableció que toda la prueba documental, informes y memoriales deberán ser presentados en formato digital, conforme a los mecanismos habilitados por el órgano jurisdiccional.

El Decreto Supremo 5503, que declara emergencia económica, financiera, social y energética, ha generado un amplio debate jurídico, político y social a nivel nacional, debido a las medidas de ajuste económico y regulaciones estructurales que incorpora. En este contexto, la acción popular busca que el órgano jurisdiccional evalúe si la norma vulnera derechos e intereses colectivos protegidos por la Constitución.

La admisión de esta acción se suma a otros recursos y cuestionamientos legales presentados en distintas instancias del país, en un escenario marcado por movilizaciones sociales, demandas de abrogación del decreto y un proceso de judicialización que podría tener implicaciones institucionales relevantes en las próximas semanas.