Ataque judicial contra Evo Morales desde Perú

Resumen de la Causa contra Evo Morales

  • La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, a cargo del fiscal Efraín Iván Mallea Claros, investiga a Evo Morales por el delito de atentado contra la integridad nacional.
    • La pena de este tipo de delito es la privación de la libertad por quince años o más (art. 325 del Código Penal peruano, Delitos contra el Estado y la Defensa Nacional Atentados contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria).
  • La causa se inició el 5 de enero de 2023 a raíz de una denuncia presentada por Jorge Montoya, excomandante de las Fuerzas Armadas y actual congresista del partido ultraconservador de Renovación Popular.
    • También se acusa por el mismo delito al exgobernador de Puno, Germán Alejo, y al exgobernador de Junín y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
  • La prueba que motivó la investigación es un video de un acto público en Puno del que participó Evo Morales el 17 de noviembre de 2022.
    • Dicho encuentro, organizado por el mismo Evo Morales y autoridades de Puno, tenía como objetivo dar a conocer y avanzar con la iniciativa de la RUNASUR, que busca la unidad de los pueblos indígenas latinoamericanos. En ese acto, el entonces gobernador, Germán Alejo afirmó que en el marco del carácter autonómico del que goza Puno, proponía su incorporación a la RUNASUR.
  • El argumento del que parte la Fiscalía de Puno es que RUNASUR es una iniciativa que propone dividir el territorio peruano en base a criterios étnicos de pueblos originarios, afectando la integridad territorial del país.
  • Actualmente, la causa se encuentra en etapa de diligencias preliminares, es decir, la instancia inicial de la Investigación Preparatoria, donde se reúnen los elementos de convicción, de cargo y de descargo, para que el fiscal decida si formula o no acusación y, en su caso, para que el imputado prepare y ejerza su defensa.
  • Evo Morales fue citado ya dos veces a declaración indagatoria por esta causa: el 7 de marzo y el 10 de mayo de 2023. Ambas citaciones fueron convocadas para realizarse de modo virtual. Evo Morales no asistió a ninguna de ellas argumentando que se trata de un Gobierno dictatorial que lo persigue.
  • Existen dos hechos que demuestran claramente la estrecha relación entre lo judicial y lo político en este ataque contra Evo Morales:
    • Pocos días después de la denuncia, el Gobierno de Dina Boluarte –a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones– prohibió el ingreso de Evo Morales a Perú el 9 de enero del 2023.
    • El 26 de ese mismo mes el Congreso peruano declaró a Evo Morales persona “no grata”.
  • También existen otras pruebas previas de esta hostilidad contra Evo Morales por parte de un sector de la derecha peruana:
    • 22 de noviembre de 2021, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú había declarado a Evo Morales “persona no grata”, solicitando a las autoridades pertinentes impedir su ingreso al país. El pedido fue rechazado por el Gobierno de Pedro Castillo, pero entró en vigencia el 26 de enero de 2023 bajo el régimen de Boluarte.
    • 10 de diciembre de 2021, pronunciamiento público firmado por once diplomáticos peruanos que exhortaron al Gobierno a no permitir la celebración de la cumbre de la RUNASUR (posteriormente suspendida), por considerarla “una clara amenaza desde el exterior sobre la soberanía, independencia y seguridad nacional (…) Evo Morales propone desmembrar Perú…”.

¿Qué recorrido jurídico podría tener la Causa?

  • La actual etapa de diligencias preliminares puede continuar en la Fiscalía, en principio, hasta fines de mayo, período en el cual podría citar a Evo Morales por tercera vez. Cabe remarcar que no hay agravamiento procesal por no presentarse a las citaciones.
  • Al finalizar esta fase del proceso, la Fiscalía deberá decidir entre: a) archivar las actuaciones por considerar que no hay sustento o b) continuar solicitando la formalización de la Investigación Preparatoria por considerar que existen indicios reveladores de la existencia de un delito.
  • En caso de que se formalice la Investigación Preparatoria, la misma transcurrirá, por otros 60 días hasta que la etapa se concluya (aproximadamente a finales de julio).
  • Finalizada la primera etapa se iniciaría la Etapa Intermedia, cuando el fiscal decidiría si formula una acusación o si requiere el sobreseimiento de Evo Morales. Una vez que el fiscal eleve su decisión, el juez de la Investigación Preparatoria citará a audiencia de partes antes de resolver. El magistrado podría continuar el proceso con un juicio penal.
  • Respecto de un juicio en ausencia, el Tribunal Constitucional peruano sentenció en 2015 que el derecho a no ser condenado en ausencia establecido en el art. 139.12 de la Constitución no es absoluto y, por ende, es admisible el juicio o condena en rebeldía o contumacia del procesado (…) siempre que se sujete a la observancia de ciertas garantías mínimas.
  • Si la Justicia peruana solicitase en alguna instancia la extradición de Evo Morales, primero debería ser aprobada por el Gobierno de Perú y luego trasladar el pedido a la Cancillería boliviana que decidirá si lo admite o no formalmente y luego, de ser admitido, debería girar el pedido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), único órgano estatal de Bolivia encargado de aceptar o rechazar extradiciones.
  • En cuanto a la posibilidad de pedido de una alerta roja a Interpol, Perú podría hacerlo si avanza con un procesamiento con pedido de prisión preventiva o con orden de aprehensión para obligar a Evo Morales a declarar. Sin embargo, Interpol debe evaluar previamente si se trata o no de una persecución o acusación política. En caso de que defina que no es una persecución política, el Estado boliviano puede acatar o no la alerta roja de la organización internacional, según sus propias reglas.
    • Interpol ya rechazó en 2020 un pedido de alerta roja contra Evo Morales (asilado en Argentina) solicitada por la Fiscalía general de Bolivia por una denuncia del Gobierno de facto de Áñez por sedición y terrorismo. Interpol consideró que se trataba de una persecución política.
  • El riesgo que correría Evo Morales al llegar a otros países, en caso de que Interpol acceda a emitir una alerta roja, queda sujeto a los tratados de extradición con Perú y a la respuesta que cada Estado brinde a las mismas.[1]

Lectura política del ataque judicial contra Evo Morales desde Perú

  • Es evidente de que este hecho es un episodio más de lawfare en América Latina, es decir, una persecución judicial en base a criterios políticos.
  • Sin embargo, hay una novedad muy significativa que hasta ahora no había ocurrido en la región: el ataque judicial no llega desde el propio país, sino desde otro. Es decir, a Evo Morales lo persiguen judicialmente desde un país que no es el suyo; donde jamás vivió.
  • La verdadera razón de esta persecución judicial tiene que ver con la defensa pública que Evo Morales ha hecho del presidente Pedro Castillo desde el primer momento. Lo hizo cuando ganó las elecciones, lo hizo durante todo su mandato tras continuos intentos de destitución, y también cuando fue destituido de manera irregular y posteriormente encarcelado sin que se respeten sus derechos.
  • Además, claramente, esta persecución política y judicial contra Evo Morales viene capitaneada por el nuevo Gobierno de Dina Boluarte, quien tiene a sus espaldas una gran cantidad de muertos y heridos por represión, según informe de la CIDH y de otros organismos internacionales.
  • En definitiva, detrás de esta estrategia desde Perú contra Evo Morales debemos advertir un triple objetivo:
    • Por un lado, utilizarlo internamente como cortina de humo buscando un ‘enemigo externo’ a quien atacar mientras sigue la crisis económica, social y política en el país, y sin elecciones presidenciales en el corto plazo.
    • Por otro lado, esta maniobra tiene el propósito de inaugurar en la región una nueva forma de llevar a cabo un lawfare desde afuera, en este caso, desde Perú contra Evo Morales, quien ya sufrió un golpe de Estado desde dentro. Dicho de otro modo: habrá que estar muy atentos a esta novedosa modalidad de persecución judicial desde otro país, porque es otra forma de injerencia externa.
    • Finalmente, se procura en el mediano plazo la proscripción del primer presidente indígena de América Latina a través de un proceso judicial externo, injusto y sin sustento legal.

[1] Perú tiene tratados bilaterales de extradición vigentes con Uruguay, Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Chile, Estados Unidos, México, El Salvador, Bahamas, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Italia, Bélgica, España, Gran Bretaña, Francia, Malawi, Kenia, Fiji, Islas Salomón, China y Corea. Con el resto de los países, se aplica el principio de reciprocidad.

Gentileza: Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)

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