Sentencian al Estado por la violación de los DDHH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) emitió ayer una sentencia por el caso Prosegur, suscitado durante el gobierno de Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y que establece la responsabilidad por violaciones de derechos humanos de 26 personas.

El Estado boliviano, como resultado del fallo, debe pagar una indemnización a un grupo de 26 personas procesadas en el caso Blas Valencia. El caso lleva el apellido de un exjefe policial, quien en 2001 perpetró junto a su banda delictiva un atraco armado a una remesa de la empresa Prosegur con el saldo de tres muertos, dos policías y un civil.

“La sentencia de 142 páginas fue notificada hoy (miércoles) en acto virtual por el presidente de la Corte IDH, Ricardo C. Pérez Manrique. En dicho fallo internacional se enfatiza en la preocupación por el tiempo transcurrido de más de 18 años, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso a la Corte IDH”, indica una nota de prensa de la Procuraduría General del Estado.

Revisada la sentencia, esta contiene testimonios y pruebas del uso excesivo de la fuerza y graves atentados contra los derechos humanos de familiares de Blas Valencia y otros procesados por el atraco.

En ese entonces, ejercía la presidencia por sucesión constitucional Jorge Tuto Quiroga. El comandante general de la Policía Wálter Osinaga, quien dirigió el operativo del caso Prosegur, fue condenado años después por encubrimiento e incumplimiento de deberes en el caso Prosegur II, según rememora el documento.

La Corte-IDH narra en la sentencia que los allanamientos se practicaron en al menos ocho inmuebles y que en una de esas intervenciones “los policías golpearon a las mujeres en sus partes íntimas y amenazaron a hijos e hijas frente a sus parientes para forzar a estos últimos a confesar” (el hecho delictivo).

El fallo del caso catalogado como Valencia Campos y otros Vs. Bolivia, por la Corte-IDH, determinó una indemnización compensatoria a cada una de las víctimas, inferior a reparaciones económicas fijadas en casos similares sometidos ante esa instancia internacional.

Ahora el PUEBLO

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